En un breve comunicado colgado en su sitio web, manifiesta: “USAID tiene una profunda preocupación con respecto a la votación de la Asamblea Legislativa salvadoreña del 1 de mayo para destituir al Fiscal General y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, y preocupaciones mayores sobre la transparencia y la rendición de cuentas”.
USAID anunció que este financiamiento se empleará ahora para “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto con la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos”.
Esto es consistente con la línea de la administración del presidente Biden, quien ha advertido en numerosas ocasiones que en vista de los indicios de corrupción en los países centroamericanos, priorizará la asistencia directa a la sociedad civil que combate el flagelo de la corrupción y los abusos de poder.
USAID fue fundada en 1961 por el Presidente John F. Kennedy como una agencia federal que proporciona financiamiento y asistencia técnica para apoyar las iniciativas de desarrollo en más de 80 países alrededor del mundo. Los programas de USAID se financian con ingresos provenientes de los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos.
