El presidente Joe Biden lanza este lunes una nueva estrategia contra la corrupción en los Estados Unidos, pero que requiere de un trabajo con sus socios en todo el mundo, particularmente entre los miembros del G-7 y el G-20, a fin de evitar la afectación de las democracias por grupos que se coordinan con el crimen organizado, por ejemplo, en industrias como la inmobiliaria.
“La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos globales de lucha contra la pobreza y el desarrollo y la democracia”, dijo el mandatario sobre su plan. “Al prevenir y contrarrestar eficazmente la corrupción y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable podemos asegurar una ventaja fundamental para los Estados Unidos y otras democracias”.
El 3 de junio pasado, el presidente Biden ordenó a su equipo de Seguridad Nacional crear un plan para reducir los efectos de la corrupción y aumentar la capacidad de los EE.UU. para luchar contra lo que llamó “un cáncer” de las democracias.
El enfoque es combatir el financiamiento ilícito, responsabilizar mejor a los corruptos y fortalecer la capacidad de los activistas, periodistas de investigación y otros que denuncian actos de corrupción.
La Administración Biden hace hincapié en las respuestas transnacionales con cinco estrategias clave:
1) Comprender mejor y dar respuestas más efectivas a las acciones transnacionales, dando prioridad a la recopilación y el análisis de inteligencia.
2) Frenar las finanzas ilícitas que vulneran el sistema financiero internacional.
3) Perseguir y responsabilizar a los personajes que realizan actos de corrupción.
4) Fortalecer la arquitectura anticorrupción multilateral con socios del G-7 y G-20
5) Mejorar el compromiso diplomático y aprovechar los recursos de asistencia en el exterior.
El Gobierno federal considera una prioridad elevar el trabajo anticorrupción como una prioridad en departamentos y agencias clave en todo el Gobierno federal, pero también al exterior con un enfoque en las finanzas.
“Los actores corruptos y sus facilitadores se basan en las vulnerabilidades de los sistemas financieros internacionales y de los Estados Unidos para ocultar la propiedad de los activos y blanquear el producto de sus actividades ilícitas”, reconoce. “Como la economía más grande del mundo, Estados Unidos tiene la responsabilidad de abordar las brechas en nuestro propio sistema regulatorio y trabajar con nuestros aliados y socios para hacer lo mismo”.
Eso implicará mayor transparencia en transacciones, mejores regulaciones –como en la industria inmobiliaria, para la cual hay un plan específico–, ya que eso ha permitido “ocultar dinero en efectivo mal habido”.
Contra crimen organizado
El trabajo contra el crimen organizado será una prioridad, sobre todo para reducir el lavado de dinero y grupos que aplican sobornos.
“Estados Unidos continuará vinculando sus esfuerzos anticorrupción con aquellos diseñados para abordar el crimen organizado transnacional, incluida la comprensión y la interrupción de las redes, el seguimiento de los flujos de dinero y otros activos y la mejora del intercambio de información e inteligencia”, se acotó.
En el documento de 38 páginas, donde se delinean las acciones se habla de la crear un grupo de trabajo anticorrupción en el Departamento de Comercio, junto con los recientemente establecido en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el Departamento del Tesoro y en el Departamento de Estado.
“(Esto permitirá) adoptar nuevas medidas para mejorar la coordinación y elevar el alcance diplomático, el compromiso multilateral y la alineación de las políticas, la diplomacia y la asistencia exterior”, se apuntó.
