Rechazo y críticas de varios sectores sociales generó la determinación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de declarar bajo reserva, por siete años, información que se considera pública a través de la Resolución A-68-2024 dada a conocer en el Diario de Centro América, con lo cual se suma a la Corte de Constitucionalidad (CC).
“Esto es ilegal. La Contraloría no puede ocultar información pública de oficio”, indicó Iduvina Hernández, defensora de derechos humanos en su cuenta de X.
Mientras, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en la misma red social señaló que
“reservar información, la cual debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió”.
