El exmandatario, de 69 años, está acusado de haber interceptado las telecomunicaciones de cerca de 150 personas, entre ellas empresarios, políticos rivales e incluso aliados suyos, y periodistas.
El nuevo juicio oral contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por el caso de espionaje político durante su mandato (2009-2014) arrancó este miércoles con un mes de retraso de la fecha prevista debido a dos suspensiones y tras la anulación del primero, en el que fue declarado “no culpable”.
Martinelli, quien llegó a los juzgados junto a su defensa tildando este nuevo juicio como una “patraña política”, se enfrenta a ocho años de prisión por dos delitos: interceptación de telecomunicaciones; y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.
“Es un juicio político en el que estamos perdiendo el tiempo y dinero (…) estamos aquí en esta patraña política”, dijo Martinelli al salir del juzgado, en el que se presentó tras la ausencia en las dos fechas anteriores.
Las tres juezas que están al frente del proceso dieron inicio la mañana de este miércoles al juicio, un comienzo que fue aplaudido por parte de la Fiscalía, ya que debería haber comenzado el pasado junio, pero unas incapacidades médicas presentadas por la defensa de Martinelli debido a una cirugía de columna de carácter no urgente lo aplazaron hasta en dos ocasiones.
La defensa de Martinelli presentó este miércoles nuevamente alegaciones médicas debido a la ingesta de medicamentos que supuestamente impedía al expresidente mantenerse “consciente” durante el juicio, pero fueron negadas por el Tribunal.
“Nos sentimos sumamente complacidos, pues por lo menos el juicio inició. Teníamos muchas expectativas de que se presentara algunas incidencias, pero las juezas han sido tajantes. Hay tres mujeres al frente empoderadas y claras con lo que tenemos que hacer”, dijo el fiscal Ricaurte González.
Durante el juicio, la Fiscalía leyó la teoría del caso – un “adelanto”, según explicó González, de lo que se podrá ver en los próximos días- y pidió “fallos condenatorios” para el expresidente, tras exigir justicia para las víctimas durante la previa del juicio.
Por su parte, la defensa reiteró la “no culpabilidad” del expresidente.
Está previsto que el nuevo juicio se alargue semanas, aunque con una duración menor al primero, ya que durante el mismo se conoció que solo se mantienen tres de los seis querellantes, pues los otros tres retiraron sus acusaciones al llegar a un acuerdo con el acusado.
Por este caso, conocido como “pinchazos”, el expresidente fue declarado en agosto de 2019 “no culpable” en un primer juicio, en el que enfrentó 4 cargos que sumaban 21 años de cárcel y que fue anulado por un tribunal de Apelaciones.
Este caso ha sido largo y complicado desde sus inicios: comenzó en junio del 2015 en la esfera de la Corte Suprema de Justicia porque entonces Martinelli era diputado centroamericano y gozaban de esa prerrogativa.
Tras ser extraditado el 11 de junio de 2018 por Estados Unidos, donde estuvo preso un año batallando contra su entrega a Panamá, Martinelli renunció a la diputación regional, por lo que el caso pasó a la Justicia ordinaria.
Martinelli enfrenta este proceso mientras promueve su nuevo partido Realizando Metas (RM) con el que pretende presentarse a las presidenciales previstas en el 2024, y por el que señala que es una persecución política ya que lo ven como un “rival”.
En Panamá, además de este caso, Martinelli está imputado y tiene prohibido la salida del país por el caso Odebrecht, por el que se le imputó el delito de lavado de dinero, al igual que en el caso “New Business”, vinculado a la compra de un conglomerado de medios.
En España, la Audiencia Nacional ordenó este año investigar a Martinelli por presuntos delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero producido, al menos parcialmente en España, en una causa que involucra a la constructora FCC y en la que el expresidente ostentará la condición de investigado, es decir imputado.
Dos hijos del expresidente panameño, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, están detenidos desde hace más de un año en Guatemala debido a una solicitud de EE.UU., que los reclama en extradición por los sobornos del caso Odebrecht.