La organización United We Dream revela que más de 1.2 millones de inmigrantes han sido expulsados o deportados durante la Administración Biden; se trata de un primer conteo que podría aumentar cuando se den a conocer las cifras finales. Activistas lo acusan de no cumplir con la promesa de campaña
Bajo el Título 42 y otras acciones, el Gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a más de 1.2 millones de inmigrantes, según un conteo de United We Dream.
Esa cifra, sin embargo, podría ser más alta, ya que según el reporte extraoficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha detenido a 1.7 millones de inmigrantes en la frontera y se estima que la mayoría ha sido deportada.
Las deportaciones y expulsiones del país suman 1,283,414 persona, según la organización civil que, en voz de Cynthia García, gerente de Protección Comunitaria, muestran “las amenazas” que siguen representando las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).
García considera que con sus acciones el presidente Biden “contradice” su promesa de campaña.
“Esta alta cifra de deportaciones y expulsiones es inquietante ya que contradice todo lo que Biden prometió cuando hacía campaña por la Presidencia”, dijo en un comunicado.
El Título 42 fue iniciado por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, para expulsar de inmediato a extranjeros que ingresaran al país en forma irregular. El argumento ha sido la pandemia de COVID-19.
Además de ese programa, los activistas critican a la Administración Biden por preparar el reinicio en noviembre del programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), conocido como “Permanecer en México”, iniciado también por la Administración Trump a fines de 2019, para enviar a México a migrantes que solicitan asilo, mientras esperan una solución de cortes migratorias.
“El uso continuado de políticas de la era Trump como el Título 42 y Permanecer en México, que han atacan nuestro sistema de asilo, ha puesto en peligro a las personas, en su mayoría inmigrantes negros, y les ha denegado su humanidad”, añadió García. “La comunidad inmigrante no puede esperar y el presidente Biden tiene que cumplir, urgentemente, su promesa de detener las deportaciones y poner fin al daño que se causa a los inmigrantes durante su gestión”.
El martes pasado, más de 70 abogados de inmigración y centros de asesoramiento legal entregaron a Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y al secretario de Justicia, Merick Garland, una carta instando al Gobierno a que haga todo lo posible para impedir el retorno a MPP.
Biden había anunciado la suspensión de MPP cuando asumió la Presidencia, pero, en respuesta a las demandas de varios estados, un juez federal en Texas ordenó en agosto la reanudación del programa dictaminando que no se habían cumplido las normas legales al suspenderlo.
El Gobierno indicó que reanudará el MPP el mes próximo, pero los activistas alegan que desde agosto ha tenido tiempo de sobra para volver a cancelar el programa siguiendo las normas que el juez indicó que no había cumplido.
Grupos de activistas criticaron duramente este jueves a la Administración demócrata al decir que la decisión de reanudar el programa contradice sus promesas electorales.
“Es una política brutal y al restablecerla el Gobierno de Biden desconoce las obligaciones legales, y deja a los migrantes expuestos a secuestros, violaciones y homicidios”, dijo Alex Miller, del Comité Internacional de Socorro de Arizona, durante una teleconferencia de defensores de los derechos de los inmigrantes.
El sábado pasado, grupos y activistas que abogan por los migrantes abandonaron una reunión con funcionarios del Gobierno en la que se discutía la reanudación de MPP.
Y el miércoles, activistas latinos advirtieron que el Gobierno de Biden y los legisladores demócratas enfrentarán consecuencias adversas en las elecciones legislativas y estatales de 2022 si no cumplen su compromiso de legalizar a millones de inmigrantes.