El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó y mandó a publicar una polémica reforma que cesa a los jueces sexagenarios, incluido uno que en 2020 pidió a la Fiscalía que determinara si el mandatario cometió algún delito con el bloqueo de diligencias por una masacre de 1981.
La reforma de la Ley de la Carrera Judicial fue publicada en la edición del 14 de septiembre del Diario Oficial y es el último paso para que entré en vigor y se concrete la salida de los magistrados.
Bukele defendió la medida el 15 de septiembre durante su discurso por el bicentenario de la independencia centroamericana de España y acusó, sin presentar pruebas, a estos jueces de prácticas corruptas.
Estados Unidos, mediante su encargada de negocios en El Salvador, Jean Manes, condenó la decisión de la Asamblea Legislativa y advirtió que el país enfrenta una “declive de la democracia” que “daña la relación bilateral”.
El mandatario criticó el miércoles a la comunidad internacional por supuestamente “financiar” a la oposición y defender “jueces corruptos”, “terroristas” y “personas que vandalizan”.
Los diputados del partido gobernante Nuevas Ideas promovieron la reforma como una medida para depurar el sistema judicial y combatir la corrupción, pero el texto del decreto no menciona las supuestas prácticas corruptas y únicamente apunta que es para “modernizar” la ley.
Ruth López, abogada de la organización humanitaria Cristosal, manifestó en las redes sociales que acudirán al sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estamos listos para presentar denuncia contra el Estado de El Salvador” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “por vulneración a derechos tanto de servidores públicos como de la ciudadanía”, publicó.
El pasado 8 de septiembre, David Morales, abogado de las víctimas y miembro de Cristosal, adelantó que dos organizaciones humanitarias informarán a la CorteIDH de la reforma por contradecir la condena que el país recibió en 2012.
Uno de los jueces que será cesado es Jorge Guzmán, quien resolvió en noviembre de 2020 certificar a la Fiscalía para que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, en los que se pretendía localizar información del operativo militar que derivó en la matanza.
El juzgador ordenó la reapertura de la causa por la masacre de El Mozote en septiembre de 2016 tras la anulación de la ley de amnistía.
Además, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de militares retirados a crímenes de lesa humanidad.
El relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, llamó recientemente a la comunidad internacional a tomar acciones contra el “desmantelamiento de la judicatura” en El Salvador por parte del presidente Bukele y la Asamblea Legislativa.