Cerca de 240.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en Birmania a raíz de los conflictos internos surgidos tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero, informa este sábado una oficina de Naciones Unidas.
Solo el deterioro durante septiembre de la situación de seguridad en las regiones de Sagaing y Magway, en el oeste del país, debido a los enfrentamientos armados entre el Ejército y la milicia civil del bando prodemocracia, ha derivado en unos 75.000 desplazados, apunta en un informe la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
A mediados del mes pasado, los militares bombardearon una zona bajo el control de los opositores, lo que provocó la muerte de varios civiles y la destrucción de casas y propiedades, además de causar la huida de miles de personas.
“Las restricciones de acceso (en las zonas de conflicto) continúan siendo un reto para el reparto de ayuda a los más necesitados”, apunta el organismo internacional al señalar la dificultad de “determinar el completo impacto humanitario” al carecer de los permisos para visitar la región.
Nueve meses después de la sublevación castrense, la junta militar que tomó el poder y puso fin a una década de incipiente democracia continúa sin controlar todo el país.
La milicia Fuerza para la Defensa Popular (PDF), creada por el autodenominado gobierno democrático de Birmania con el objetivo de plantar batalla a los militares, ha aumentado los ataques contra los militares desde que el mes pasado declarara una “guerra defensiva”.
Además, varios grupos armados rebeldes vinculados a las diferentes minorías étnicas que componen el país han aumentado su presión contra el Tatmadaw -como se conoce a las Fuerzas Armadas birmanas-.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido liderado por Aung San Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
El rechazo popular al golpe de los militares también se ha puesto de manifiesto con protestas a lo largo del país y un movimiento de desobediencia civil que ha conseguido parar a parte de la Administración y del sector privado.
Al menos 1.147 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en más de 7.000 los opositores detenidos.
