En un hecho histórico, la Justicia chilena ha ordenado por primera vez el procesamiento de cinco personas acusadas de participar en una red de sustracción ilegal de menores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El juez Alejandro Aguilar Brevis, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa en la adopción irregular de dos niños de San Fernando, quienes fueron entregados a matrimonios extranjeros.
Entre los imputados se encuentra Ivonne Gutiérrez Pávez, quien lideraba la red desde su cargo como jueza de menores y actualmente reside en Israel. El magistrado solicitó su extradición bajo el Convenio Europeo de Extradición. La investigación determinó que durante los años 80 operó una red integrada por abogados, sacerdotes, funcionarios de salud y autoridades judiciales que facilitaba adopciones irregulares a cambio de pagos que podían alcanzar los 50.000 dólares.
El juez Brevis desestimó la prescripción de los delitos al considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad, en conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó el avance judicial como “una pequeña luz de esperanza”, pero subrayó que el Estado también debe crear condiciones para reunir a las familias separadas.
Se estima que alrededor de 20.000 niños fueron víctimas de estas adopciones ilegales en Chile, de los cuales solo unos 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias hasta ahora.
