Las autoridades descubrieron que alrededor de 100 niños trabajaban lavando con agua hervida y fuertes productos químicos.
Un programa de la cadena estadounidense CBS difundió imágenes de menores de edad trabajando ilegalmente en un matadero en EE.UU. y que fueron contratados por una de las empresas más grandes del país en limpieza de plantas procesadoras de carne, Packers Sanitation Services Incorporated (PSSI), cuyo propietario es el banco de inversión Blackstone.
El Departamento de Trabajo abrió una investigación en agosto de 2022, tras la denuncia de una escuela secundaria de la ciudad de Grand Island, en Nebraska, que había alertado sobre una menor de 14 años con quemaduras de ácido en las manos y rodillas. La adolescente reveló que las heridas las sufrió mientras trabajaba en turnos nocturnos en un matadero. Además, los profesores del colegio habían notado que otros estudiantes se quedaban dormidos durante las clases.
Durante una inspección nocturna en una planta procesadora de carne, se encontró a nueve menores entre el personal de PSSI que lavaban con agua hervida y potentes productos químicos el piso y maquinaria afilada. Esto desencadenó una auditoria nacional contra la empresa, descubriéndose en varias ciudades un total de 102 menores de entre 13 y 17 años de edad trabajando ilegalmente, pero las autoridades creen que la cifra puede ser mucho mayor.
En noviembre pasado, el Departamento de Trabajo presentó una demanda contra PSSI por violar las leyes laborales. Inicialmente, la compañía negó las acusaciones, pero en diciembre llegó a un acuerdo con el Gobierno para poner fin a la demanda, pagando una multa de 1,5 millones de dólares, sin cuestionar la conclusión de que contrató a niños y con la promesa de no volver a hacerlo.
Por su parte, funcionarios de la agencia gubernamental afirman que el trabajo infantil en EE.UU. es un “problema sistémico” que no se limita a PSSI y que está presente “en todos los ámbitos”. Además, reconocieron que el sistema de identificación federal conocido como ‘E-Verify’, que usan las empresas para determinar la elegibilidad de los trabajadores, es “inútil”.
Los empleadores saben que ese sistema puede ser fácilmente burlado y muchos inmigrantes indocumentados, entre otros, presentan documentos falsos, comprados, prestados o robados para conseguir un empleo. Lo mismo hacen algunas familias de escasos recursos para que sus hijos menores de edad trabajen, explicaron desde el Departamento de Trabajo.