Los jueces de la Corte Suprema negaron audiencia de fianza a inmigrantes indocumentados que vuelven a Estados Unidos por alguna protección humanitaria, por lo que deberán esperar la decisión sobre sus casos encerrados en prisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La opinión escrita por el juez Samuel Alito determina que un no-ciudadano que ingresó al país en forma irregular y vuelve hacerlo tras ser deportado, habría “demostrado” sus intenciones de ingresar irregularmente, por lo que deberá esperar encerrado una respuesta a su petición de protección migratoria al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o a una corte.
Esta decisión revierte la regla impuesta por el Cuarto Tribunal de Apelaciones en junio del 2020, Guzman Chavez v. Hott, sobre peticionarios de asilo que habían sido deportados, reingresaron al país, pero solicitaron a la corte protección por temor en sus países de origen. Los jueces de esa corte consideraron que estos extranjeros tenían derecho a solicitar fianza para esperar en libertad la decisión sobre sus casos.
“Son extranjeros que fueron sacados de los Estados Unidos y luego volvieron a ingresar sin autorización”, refiere el juez Alito en su opinión. “Cuando el DHS descubrió su presencia, restableció sus órdenes de deportación anteriores… Cada persona expresó su temor de regresar a su país de origen y fue remitida a un oficial de asilo para una entrevista de temor razonable”.
La explicación indica que, en cada caso analizado, un oficial de asilo determinó que el demandado tenía “un temor razonable” para no volver a su país de origen, debido a persecución o tortura, por lo que remitió el caso a un juez migratorio.
Sin embargo, algunos de esos no-ciudadanos se les concedió inicialmente la libertad bajo supervisión, pero luego fueron detenidos por ICE y el Gobierno se opuso a su liberación, porque no tenían derecho a fianza.
La decisión en 2020 de los jueces del Cuarto Circuito de Apelaciones a favor de los inmigrantes se sumó a la del Segundo Circuito, pero fue en dirección contraria de Tercer, Sexto y Noveno circuitos, por lo que la decisión del Máximo Tribunal mantiene una sola línea que impacta negativamente a los inmigrantes que buscan protección de asilo tras haber sido deportados.
El juez Stephen Breyer estuvo en contra de la opinión de Alito, pero fue insuficiente para imponerse a la mayoría, a pesar del respaldo de las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Se trata de la segunda decisión esta semana de la Corte Suprema sobre asuntos migratorios, luego de que el lunes aceptara revisar la decisión del Onceavo Circuito de Apelaciones que sostiene que los tribunales no migratorios carecen de autoridad para revisar las determinaciones “no discrecionales” de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) con respecto a las conclusiones de inadmisibilidad de inmigrantes para una “green card” u otro beneficio migratorio.
