La repentina muerte de 23 personas que consumieron cocaína adulterada en Argentina desató una alerta epidemiológica y una fuerte polémica sobre las políticas de drogas y los niveles de penetración del narcotráfico en el país sudamericano.
El caso, inédito en el país, comenzó durante la madrugada del miércoles, cuando decenas de personas comenzaron a llegar a diversos hospitales de la provincia de Buenos Aires con los mismos síntomas: dificultades para respirar, convulsiones, contracción de pupilas, alteraciones nerviosas y excitación psicomotriz.
Varios de los pacientes explicaron que habían consumido cocaína, por lo que la principal línea de investigación fue que la droga había sido alterada con otra sustancia. Primero se especuló con veneno de rata, pero después trascendió que podía ser fentanilo, un poderoso y mortal opioide.
Hasta este jueves, los investigadores todavía no habían dado a conocer los resultados de laboratorio para determinar con qué fue mezclada la cocaína. Tampoco se ha podido comprobar la versión de que la intoxicación fue resultado de una “guerra narco” entre bandas que operan en la provincia.
Según esta tesis, una banda se infiltró en otra para adulterar su mercancía y quitarles a los clientes, pero algunos investigadores ya descartaron esta posibilidad porque no hay antecedentes de este tipo de operaciones entre las organizaciones que compiten por el mercado narco.
Lo que sí se sabe es que el número de víctimas mortales puede seguir aumentando, ya que todavía hay 49 personas internadas, 21 de ellas en estado de gravedad.
Además, la Policía provincial realizó operativos en los que secuestró más de 8.000 dosis de la cocaína adulterada y detuvo a 10 presuntos narcotraficantes. El de más peso es Joaquín Villalba, alias ‘El paisa’, y quien estaba prófugo desde mediados de 2020.
El fiscal Marcelo Lapargo, quien está a cargo de la investigación, advirtió que la muerte masiva de usuarios de drogas es “un hecho gravísimo” para la salud pública, del cual no se tiene ningún antecedente.
“Puede ser un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, pero eso es conjetural, es algo excepcional que no sucede habitualmente”, reconoció.
El caso desató una polémica, en particular porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una “alerta epidemiológica” en la que convocó a quienes hubieran adquirido cocaína en las últimas 24 horas, a no consumirla porque ponía en riesgo su salud.
Los detractores consideraron que, con este llamado, las autoridades fomentaban el consumo de sustancias, aunque en realidad la estrategia solo se ajusta a las políticas de contención de daños, es decir, a hacer a un lado los prejuicios y la estigmatización para reconocer que hay personas que usan drogas y a reducir lo más posible sus efectos nocivos.
El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, defendió la respuesta oficial al considerar que “no es momento de discutir si está bien o mal consumir. Si compró droga envenenada la tiene que descartar, no se suicide, es un problema muy grave, está muriendo gente, no hay otra alternativa”, afirmó.
Algunos medios de comunicación debatieron sobre la pertinencia de legalizar o no las drogas, a lo que el ministro de Seguridad a nivel nacional, Aníbal Fernández, se opuso por completo a pesar de que ha apoyado de manera reiterada la regulación de la marihuana.
“Alguien decía ayer que la mejor forma de combatir el narcotráfico es legalizando, no pienso eso, en el caso de la marihuana sí lo creía, pero con esto (la cocaína) no”, advirtió.
Por otra parte, familiares de algunas de las víctimas advirtieron que no se necesitan más cárceles para colmarlas de consumidores de drogas, sino tratamientos médicos contra las adicciones.
