Beneficiarios de asilo podrían estar en riesgo de deportación, dependiendo de la forma en la que ingresaron a ese país.
Como se anticipó en el anuncio de control fronterizo del 5 de enero para limitar la migración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) emiten una regla propuesta para incentivar el uso de procesos legales nuevos y existentes y desincentivar los cruces fronterizos peligrosos, poniendo una nueva condición en la elegibilidad de asilo para aquellos que no los usen.
Estos pasos los están tomando las autoridades estadounidenses, en respuesta a los desafíos migratorios.
El DHS continúa preparándose para el levantamiento de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que se espera para el 11 de mayo de 2023, y el regreso al procesamiento de todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8.
Hasta entonces, la orden del Título 42 permanece vigente y las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización seguirán siendo expulsadas.
“Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes. Estamos fortaleciendo la disponibilidad de vías legales y ordenadas para que los migrantes vengan a los Estados Unidos, al mismo tiempo que proponemos nuevas consecuencias para quienes no utilicen los procesos que Estados Unidos y sus colaboradores regionales han puesto a su disposición. Como hemos visto una y otra vez, es menos probable que las personas a las que se les brinda un camino seguro, ordenado y legal a los Estados Unidos arriesguen sus vidas atravesando miles de millas en manos de contrabandistas despiadados, solo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal”, explicó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Las personas que no puedan establecer un reclamo válido de protección bajo los estándares establecidos en la regla propuesta estarán sujetas a una pronta expulsión conforme a las autoridades del Título 8, que conlleva una prohibición de reingreso de cinco años.
