El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este lunes sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses, por su papel en la “represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales” tras la “farsa” de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre.
Entre los sancionados figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Según la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gacki, el “régimen” de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está usando “legislación e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a votar”.
Los funcionarios designados son “socios clave en las políticas antidemocráticas” de Ortega, indicó el Tesoro.
Asimismo, el Tesoro considera que la oficina del Ministerio Público es “responsable o cómplice” de “acciones o políticas” encaminadas a “socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
También son sancionados los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, así como el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez.
Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones a numerosos miembros del círculo cercano de Ortega, entre ellos a varios de sus hijos.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se impuso en los comicios del pasado 7 de noviembre, en ausencia de oposición, después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos.
Ortega, que volvió al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez Nicaragua de 1985 a 1990, se encamina ahora así hacia su quinto mandato en medio del desconocimiento del proceso por parte de la mayoría de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la UE.