La crisis birmana se intensificó hoy con la declaración de “guerra defensiva” contra la junta militar hecha este martes por el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por políticos y activistas cercanos a la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
“Hoy comenzamos una guerra defensiva del pueblo contra la junta militar. Durante esta revolución popular, todos los ciudadanos de Birmania deben rebelarse a lo largo del país contra la junta militar, liderada por (el general) Min Aung Hlaing”, apremió el presidente interino del NUG, Duwa Lashi La, en un vídeo publicado en las redes sociales.
El Ejército birmano terminó el pasado 1 de febrero con una década de incipiente democracia en Birmania al arrebatar el poder al gobierno democrático durante un golpe de Estado, que se ha topado con un fuerte rechazo.
“Han transcurrido ocho meses de crueles asesinatos, torturas y detenciones por parte de los militares. Todo el mundo conoce los constantes actos inhumanos de guerra perpetrados por los soldados al ocupar casas, edificios religiosos, hospitales y escuelas”, incidió Duwa Lashi La.
Tras el anuncio, realizado a primera hora de la mañana, algunos medios locales han informado de enfrentamientos entre el Ejército y varias guerrillas étnicas armadas, como el Ejército para la Independencia Kachin o los rebeldes de la Unión Nacional Karen.
El NUG, que permanece fiel al depuesto gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, creó en mayo su propia milicia para combatir al Tatmadaw -como se conoce al Ejército birmano- y desde hace semanas lleva planeando una estrategia más beligerante que bautizaron como: “Día D”.
El brazo armado del NUG, conocido como la Fuerza para la Defensa del Pueblo (PDF, en inglés), cuenta, según sus propios datos, con unos 8.000 soldados y colabora en algunas regiones con los grupos rebeldes étnicos, aunque el Tatmadaw, uno de los Ejércitos más grandes del mundo, es muy superior en efectivos -estimados en unos 400.000- y arsenal.
Desde que tomaran las armas, el PDF ha lanzado cientos de ataques, la gran mayoría en provincias interiores o cercanas a la frontera, y poco a poco han logrado sumar importantes bajas en las filas castrenses y realizar escaramuzas cerca de ciudades más pobladas, como Mandalay -la segunda en número de habitantes-.
Solo en agosto la milicia mató a unos 580 soldados e hirió a al menos 190, según los datos del NUG que recoge el diario The Irrawaddy.
Duwa Lashi La, durante su declaración de más de siete minutos, pidió a la población que “evite los viajes innecesarios por su seguridad” y que acopie “alimentos y medicinas”, y reclamó a los funcionarios que dejen de asistir a sus puestos de trabajo.
A raíz de la declaración, un mayor número de personas acudió a los supermercados y mercadillos de Rangún, la antigua capital y ciudad más poblada del país, que también registró largas colas frente a las farmacias.
El presidente interino del bando prodemocracia hizo un llamado a los soldados y policías para que deserten de las filas oficiales y se unan “de manera inmediata” a la milicia revolucionaria “para atacar al enemigo del pueblo”.
“Esta es una revolución necesaria para construir un país pacífico y establecer una unión federal”, remarcó el político, en paradero desconocido para evitar represalias de la junta.
La declaración de “guerra defensiva” se da después de que el régimen militar accediera la semana pasada a un alto el fuego hasta finales de año para facilitar el reparto de ayuda humanitaria, impulsado por el enviado especial de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático (ASEAN) a Birmania, Erywan Yusof.
El enviado de la ASEAN especificó durante una entrevista con la agencia japonesa Kyodo que este “es un alto el fuego para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores humanitarios” para poder llevar la ayuda a quien la necesite.
Sin embargo, el ministro de Derechos Humanos del NUG, Aung Myo Min, aseveró en declaraciones recogidas por The Irrawaddy que las “continuas violaciones de los derechos humanos perpetradas por los militares no se deben olvidar” y reclamó que se prioricen las soluciones políticas al actual conflicto.
Al menos 1.046 personas han perdido la vida a raíz de la brutal represión ejercida por las autoridades, que han disparado a matar contra los asistentes a manifestaciones pacíficas, mientras se mantiene detenidos a más de 6.000 opositores, incluida Suu Kyi, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
