El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, informó este jueves que abrió una investigación contra la aspirante a la Presidencia por la oposición y periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, por presunto lavado de dinero.
La investigación contra la comunicadora y aspirante presidencial se da a menos de seis meses que se celebren las elecciones generales, en las que el presidente de Nicaragua, el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, en el poder desde el 2007, busca una nueva reelección.
El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación contra Chamorro Barrios es en su calidad de directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, y cargo al que ella renunció en enero pasado.
“La Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros período 2015-2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero”, sostuvo el Ministerio de Gobernación, en una nota de prensa.
Esa cartera agregó que “ha informado al Ministerio Público para abrir la investigación correspondiente”, y citó a Chamorro Barrios, de 67 años, así como a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, representante, administrador financiero y contador general de la Fundación, respectivamente, “para responder por las inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015-2019”.
Agentes policiales fueron desplegados en las oficinas en donde funcionaba esa ONG. También en las oficinas donde funciona el diario digital Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana.
Chamorro Barrios, fundadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, anunció en enero pasado el cierre de operaciones como consecuencia de la controvertida Ley Reguladora de Agentes Extranjeros de Nicaragua, promovida y aprobada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
Entonces, la también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, señaló en un escrito a Ortega de estar, con esa ley, “asesinando legalmente a la sociedad civil de Nicaragua con amenazas de multas y otros agravios”, y pretender declarar extranjero a un nicaragüense en su propio país.
La también vicepresidenta de la Junta Directiva del diario La Prensa personalmente interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de esa ley, que, a su juicio, “es también una agresión más contra la comunidad internacional”.
Conocida en Nicaragua como “Ley Putin” por los opositores, establece multas, sanciones, y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, así como la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o temas de política interna”, un concepto que la legislación dejó abierta a la interpretación de las autoridades.
Tras anunciar sus aspiraciones presidenciales, Chamorro Barrios ganó una elección simulada en el contexto de los comicios generales de noviembre, que llevó a cabo la organización juvenil Nicaragua Decide.
En el marco de la división de la oposición, la periodista ha propuesto escoger a través de una encuesta a un candidato presidencial único por la oposición que enfrente a Ortega en los comicios de noviembre.
Hace dos días, Ortega cargó contra el embajador estadounidense en Managua, Kevin K. Sullivan, por supuestamente “presionar” a los partidos opositores para escoger un candidato único para los comicios de noviembre, que en círculos políticos y diplomáticos se afirma es Chamorro Barrios, quien goza de mayor simpatía.
El mandatario sandinista advirtió: “aquí no se meta el embajador yanqui, postulando candidatos y presionando a partidos políticos para que acepten los candidatos que quiere el yanqui”.
Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 7 de noviembre próximo.
El órgano electoral, controlado por los sandinistas, ha cancelado esta semana la personalidad jurídica a dos partidos opositores.
