Tras el asalto hacia los tres poderes de Brasil, el mandatario Lula da Silva trata de enviar una imagen de normalidad a sus seguidores.
Tres días después del mayor asalto contra la democracia en Brasil por parte de bolsonaristas radicales, las autoridades reforzaron la seguridad ante la amenaza de nuevas protestas, mientras se espera la inminente entrada en prisión de Anderson Torres, exjefe de Seguridad del Distrito Federal (DF), un estrecho aliado de Jair Bolsonaro.
“Determinamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones”, comentó el ministro de la Presidencia, Rui Costa.
En rueda de prensa, Ricardo Cappelli, interventor de seguridad pública, aseguró: “Los actos del domingo no se van a repetir”.
Por su parte, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prohibió el bloqueo del tránsito en todo el país o acceso a entidades públicas y ordenó prisión contra todos aquellos que desobedezcan.
También fueron destituidos 13 uniformados presentes en la invasión de la sedes de los tres poderes y que fueron designados por Torres, quien fue ministro de Justicia de Bolsonaro y le secundó en su campaña de descrédito del sistema electoral, uno de los principales motivos del asalto del domingo.
Torres está de vacaciones en Orlando, EE.UU., la misma ciudad a la que viajó Bolsonaro para evitar ponerle la banda presidencial a su enemigo político el pasado 1 de enero. Nombrado por Bolsonaro como secretario de Seguridad del DF el pasado 2 de enero y, tras destituir a buena parte de su equipo, Torres se marchó después al extranjero dejando un vacío enorme en la seguridad.
Después de un pedido de detención emitido por el juez De Moraes, el exministro anunció el martes que volverá a Brasil para enfrentarse a las acusaciones, cosa que podría concretarse este miércoles o jueves, según la prensa local.
De Moraes consideró que la conducta de Torres fue “gravísima” y puso en riesgo la vida del presidente y de otros políticos.
Pero, según los expertos, la imagen de Lula, de 77 años, descendiendo la rampa del Palacio de Planalto junto a las máximas autoridades del país un día después del asalto simbolizó la unión de la democracia frente a un Bolsonaro cada vez más acorralado.
La reacción conjunta de todos los poderes fortalece, dicen los analistas, como jefe de Estado a Lula, quien inmediatamente decretó una intervención federal y recibió un inmenso apoyo internacional.
Tras los incidentes, Lula intenta enviar una imagen de normalidad. Este miércoles publicó varios mensajes sobre sus planes del día y una foto trabajando con su ministro de Educación.
