Nicanor Boluarte fue detenido por los presuntos delitos de organización criminal entre otras cosas.
La Corte Superior Nacional de Perú impuso este martes 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El magistrado Richard Augusto Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró procedente la solicitud de la Fiscalía de la Nación por el caso “Los waykis en la sombra”, luego de tres jornadas maratónicas.
“No es posible recurrir a una medida menos gravosa”, aseguró el juez, antes de mencionar “comportamientos procesales negativos” de Boluarte Zegarra, quien al momento de la lectura se encontraba en paradero desconocido.
En este contexto, el magistrado ordenó su “inmediata ubicación, captura e internamiento”, así como del resto de acusados.
Desde el domingo Concepción Carhuancho leyó su dictamen y en ese período Boluarte Zegarra no acudió a ninguna de las audiencias. Fue visto por última vez, de forma virtual, en horas de la tarde del 17 de noviembre, mientras viajaba en un vehículo.
Concepción Carhuancho también indicó que tomó esta decisión para “evitar que fugue o perturbe la actividad probatoria”.
Con esto termina un largo proceso judicial, en el cual el juez Concepción Carhuancho escuchó durante meses tanto a fiscales como a la defensa de Boluarte Zegarra, quien fue detenido —y luego liberado— en mayo pasado.
El Ministerio Público arguye que Boluarte Zegarra lidera una presunta organización criminal —que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumió la Presidencia— para colocar personas en puestos clave de entidades del Estado, como prefecturas y subprefecturas.
Según la tesis fiscal, “Los waykis en la sombra” habrían utilizado a prefectos y subprefectos para cumplir los trámites requeridos para inscribir el partido político Ciudadanos por el Perú.
El juez sostuvo que “existe alto grado de probabilidad” de que Boluarte Zegarra y el resto de acusados “serían parte integrante de una organización criminal que se habría instaurado para la captación de prefectos y subprefectos en la región de Cajamarca con el fin de que estos recaben fichas de afiliación para la inscripción del partido político”.
Además, Concepción Carhuancho mencionó la “utilización del poder de facto por su vinculación con la actual presidenta”.
Hasta el momento la mandataria no se ha pronunciado al respecto. Más temprano y, en plena audiencia, Boluarte encabezó la inauguración de una central solar en la región de Loreto. Aunque no hizo ninguna alusión, aseveró que “nadie doblegará” su espíritu.
“Aquí estamos de pie, firmes y dignos nada ni nadie nos doblegará este espíritu, esta fuerza y este coraje de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra querida patria”, manifestó.
