Entre bastidores y con sonadas intervenciones públicas, los demócratas del Senado de EE.UU. están haciendo todo lo posible para cerrar filas antes de la votación el martes de una gran reforma electoral destinada a proteger el acceso al voto.
Esa reforma electoral, que de ser aprobada sería la mayor en una generación, busca contrarrestar las restricciones que han impuesto los republicanos a nivel estatal con la aprobación de 14 leyes que limitan el sufragio de las minorías hispana y afroamericana, menos inclinadas a acudir a las urnas.
Los conservadores aseguran que su objetivo es frenar irregularidades, pero los demócratas creen que su verdadera meta es acabar con los controles que impidieron a Donald Trump revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que ganó Joe Biden.
Entre los senadores demócratas el problema es que no salen los números: tienen 50 escaños (los mismos que los republicanos) y necesitan 60 votos para superar un voto de procedimiento y que comience a debatirse la reforma electoral, bautizada “For the People Act” (La ley para el pueblo, en español).
Lo más posible es que el martes fracase el voto de procedimiento porque los republicanos ya han anunciado que rechazarán en bloque la medida.
La cuestión ahora es ver si los demócratas consiguen acercar posturas para mostrarse unidos en un asunto que han defendido durante los últimos tres años, pero que se ha topado en las últimas semanas con el escepticismo del senador demócrata Joe Manchin, uno de los representantes de Virginia Occidental.
Manchin, el más conservador de los senadores demócratas, al principio se negó a considerar el proyecto de ley, pero esta semana abrió la puerta al debate y presentó una contraoferta.
Su propuesta diluye el contenido de la legislación original y hace una concesión importante a los republicanos: establece que los votantes deben mostrar un documento de identificación a pesar de que, en EE.UU., no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
Pese a ello, la idea recibió el sonado respaldo de Stacey Abrams, activista contra la supresión del voto y que consiguió movilizar al electorado a favor de Biden en el conservador estado de Georgia.
Sin embargo, otras figuras del ala progresista del partido no han dudado en expresar sus dudas sobre la propuesta de Manchin. Por ejemplo, en una entrevista este domingo en CNN, el senador Bernie Sanders se negó a hacer concesiones e insistió en la necesidad de hacer todo lo posible para “proteger la democracia”.
“Lo que los parlamentos estatales republicanos están intentando hacer, de la manera más vergonzosa que uno pueda imaginar, es negar el derecho al voto a las personas de color, a los jóvenes, a los pobres y a las personas con discapacidad. ¡Es indignante!”, manifestó.
El texto actual de la iniciativa, aprobada en marzo pasado por la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes, establece las mismas reglas y plazos en todo el país para el voto por correo, además de facilitar el sufragio por adelantado y obligar a todos los estados a registrar automáticamente a los ciudadanos para que puedan votar.
También incrementa las exigencias de transparencia y control para las donaciones que reciben los partidos y limita el “gerrymandering”, como se conoce la práctica de manipular distritos electorales para favorecer la victoria de un legislador de un partido determinado.
Esas dos últimas cláusulas sobre las donaciones y los mapas electorales han entusiasmado al ala más progresista de los demócratas, pero son los puntos que precisamente están usando los republicanos para oponerse a la medida.
Hoy, en una entrevista en la cadena Fox, el senador conservador Lindsey Graham consideró que la legislación supone una intromisión del Gobierno federal en los asuntos de los estados y, sin aportar ninguna prueba, acusó a los demócratas de estar manipulando las reglas electorales a su favor.
“Se trata de la mayor maniobra de la historia de este país para hacerse con el poder”, arremetió Graham.
En EE.UU., cada estado fija sus propias normas sobre el sufragio. Durante la pandemia, muchos territorios flexibilizaron los requisitos para votar por correo o por adelantado, lo que provocó un récord de participación y alimentó teorías de conspiración entre Trump y sus seguidores sobre un supuesto fraude masivo en las urnas.
Desde entonces, a nivel estatal, los republicanos han presentado al menos 216 proyectos de ley en 41 estados para restringir el acceso al voto. De esos proyectos, 14 han sido aprobados, según la organización no partidista States United Democracy Center, dedicada a proteger el sufragio.
Por ejemplo, la ley aprobada en Georgia acorta los plazos para votar por adelantado, elimina centros electorales y hasta penaliza dar agua o comida a quienes esperan en fila para ejercer su derecho al sufragio.
