jueves, diciembre 26, 2024

Se resuelve la demanda millonaria contra Fox por difamación

Hace un par de años, la cadena Fox recibió una demanda por mentir acerca de las elecciones presidenciales de 2020.

El de Dominion contra Fox ha sido el juicio de nunca empezar. “El caso está resuelto” ha dicho el juez tras horas de incertidumbre y negociaciones que ponían el colofón a un caso que ha durado dos años. Finalmente, según los abogados de Dominion, Fox le paga 787,5 millones de dólares por sus mentiras en torno a las elecciones presidenciales de 2020.

“La verdad importa. Las mentiras tienen consecuencias”, ha dicho Justin Nelson, abogado de Dominion, a las puertas de los juzgados tras cerrarse el caso.

Dominion Voting Systems demandó por 1.600 millones de dólares a la cadena de televisión del magnate Rupert Murdoch por las mentiras que difundió acerca de las elecciones presidenciales de 2020. Presentadores e invitados de la cadena airearon que dicha empresa participó en una conspiración para robarle las elecciones a Donald Trump y otorgarle la victoria a Joe Biden.

“Hace más de dos años, un torrente de mentiras arrastró a los empleados electorales de Dominion de todo Estados Unidos a un universo alternativo de teorías conspirativas que causaron graves daños a Dominion y al país”, ha añadido Nelson, mientras los abogados de Fox esquivaban a los periodistas.

Las mentiras que aireó no son unas mentiras cualquiera. Sería muy difícil explicar sin ellas el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la popularidad de Trump entre las bases republicanas y la polarización política y el deterioro democrático de Estados Unidos.

Era un bulo, eso había quedado “claro como el agua”, como ya había dicho en las diligencias preliminares el juez del Tribunal Superior de Delaware que lleva el caso, Eric Davis. La cuestión era si al difundir esas mentiras, Fox actuó con lo que se conoce como “actual malice”, es decir, si propagó las falsedades a sabiendas de que lo eran o, al menos, con desprecio irresponsable sobre si lo eran.

Para proteger la libertad de expresión, ese es el elevado estándar que la doctrina fijada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos exige para castigar por difamación.

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