El Tribunal Supremo de España ha convocado al Gobierno a una comparecencia pública para que explique las medidas adoptadas para atender a los cerca de 1.000 menores migrantes no acompañados que permanecen en situación irregular en las Islas Canarias. Este requerimiento judicial se produce en medio de un prolongado conflicto entre administraciones que mantiene a estos jóvenes en un limbo legal.
La disputa enfrenta al gobierno canario, que alega falta de capacidad para asumir la atención de todos los menores, con otras comunidades autónomas que se resisten al plan de redistribución equitativa propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta situación se arrastra desde hace meses, dejando a los menores sin acceso garantizado a servicios básicos.
La presión judicial se intensificó tras la orden emitida el pasado 25 de marzo, cuando el Alto Tribunal dio un plazo de 10 días al Gobierno para garantizar el ingreso de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. Sin embargo, la falta de una solución definitiva ha llevado a los magistrados a exigir ahora una explicación detallada sobre las acciones realizadas.
