El detenido tiene relación con el gobierno de Alfonso Portillo por haber supuestamente trasladado millones de dólares del Ministerio de la Defensa al Crédito Hipotecario Nacional.
Un juez guatemalteco ordenó la captura del duodécimo implicado en el caso conocido como “Diario Militar”, en el que militares y policías retirados presuntamente participaron en la captura, torturas y desaparición forzada de al menos 183 opositores políticos entre 1983 y 1985.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado de Mayor Riesgo “B”, ordenó capturar al militar retirado Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien llegó a la audiencia de primera declaración de los once detenidos el pasado jueves, para dilucidar la orden de aprehensión en su contra por los mismos crímenes que le sindican al resto: delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada.
Salán fue miembro de la Dirección de Inteligencia (D-2) del Ejército de Guatemala a finales de la década de 1980 y también durante 1990, hasta que fue destituido por haber sido supuestamente partícipe de una red criminal de contrabando aduanero organizada desde el Ejército y conocida como La Cofradía, según la investigación “Poderes Ocultos” de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
Además, el pasado de Salán Sánchez también tiene relación con la corrupción del Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), pues fue condenado en Guatemala en 2011 por el delito de peculado (hurto al erario) en grado de complicidad en el traslado de unos 3,89 millones de dólares al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), de 15,4 millones de dólares sustraídos del Ministerio de la Defensa Nacional en 2001.
LA PRIMERA DECLARACIÓN
La presencia de Salán Sánchez se registró en la audiencia de primera declaración de los sindicados, capturados la semana pasada.
Al inicio de la audiencia el juez Gálvez, quien ha tenido a su cargo otros juicios de alto impacto, ordenó que se eliminara la reserva del caso que estaba en vigor.
En el juzgado estuvieron presentes los sindicados Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara, los tres exespecialistas del Estado Mayor Presidencial; y los exintegrantes de la D-2 José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar de León Siguenza, todos trasladados a la audiencia por el Sistema Penitenciario.
Sin embargo, estuvieron ausentes por encontrarse en centros de salud el exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Gustavo Adolfo Oliva Blanco, el general retirado Marco Antonio González Taracena (quien dirigió la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como “El Archivo”) y el exjefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Juan Francisco Cifuentes.
Tampoco llegaron por quebrantos de salud los exespecialistas de la D-2 Eliseo Barrios Soto y Mavilio Aurelio Castañeda Betancourt.
El juez Gálvez indicó que, debido a las medidas para prevenir covid-19, solicitaría una sala de audiencias más grande debido a la cantidad de abogados y sindicados en el caso, pero aclaró que la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia no estará libre sino hasta el próximo 21 de junio.
Aun así, el jurista escuchó la petición del sindicado Salán Sánchez, cuya defensa insistió en que al presentarse al juzgado debía de poder optar a la prisión domiciliar, pero Gálvez aseguró que los delitos que se le imputan “son bastante delicados” y mantuvo la orden de aprehensión, por lo que Salán fue enviado a la cárcel de la brigada Mariscal Zavala.
El titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B” suspendió la audiencia posteriormente y la programó para este miércoles, momento en que la Fiscalía de Derechos Humanos procederá a leer la imputación de los delitos a los militares y policías retirados.
La estructura criminal que supuestamente integraron los sindicados, presuntamente cometió delitos contra los deberes de humanidad, asesinato y desaparición forzada contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).
Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó un saldo de 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.