Con esta frase, los diputados integrantes de la fracción no a fin a Sandra Torres, informaron que no asistirían a la sesión solemne de este jueves 14 de enero del 2021 en el Hemiciclo Parlamentario.
“Damos por reprobado el primer año de gobierno del presidente Alejandro Giammattei, fue nefasto en lo social, se aprovechó la pandemia para hacer negocios corruptos”, afirmaron los integrantes.
La molestia se debe a que la Junta Directiva del Congreso que asumirá hoy al cargo es ilegal, según el diputado Orlando Blanco, ya que el diputado Carlos Nájera, supuestamente fue expulsado del partido UNE, por lo que no puede ocupar la cuarta secretaría, ya que este puesto le corresponde al bloque legislativo.
“El puesto de la cuarta secretaría le corresponde a la bancada. Esa Junta Directiva que va tomar posesión el día de hoy es ilegal. También hay una situación similar en FCN-Nación en donde el diputado Rudi Pereira está siendo objetado por el señor Javier Hernández. A esto se suma el tema de Santiago Nájera, que no fue propuesto por la bancada. Esta junta directiva de entrada está cometiendo una ilegalidad. Todas las decisiones que tome la junta directiva, mientras ellos estén ahí no podrá ser procesada y la culpa será del área administrativa”, manifestó Orlando Blanco.
También recordaron que fueron seis los integrantes del partido los que fueron expulsados, acusados de “traición”.
“Los diputados Santiago Nájera, Fernando Sanchinel, Vitelio Lam, Juan Ramón Rivas, Édgar Reyes Lee, y Thelma Ramírez ya fueron expulsados del Partido UNE”, sentenció.
Sin embargo, el partido tiene multas en el Tribunal Supremo Electoral, por lo que ningún tipo de acción tiene validez. Además, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil y Wilber Castellanos, quien preside la sala le otorgó un amparo a la ex presidenciable.
El documento establece que el partido no puede realizar ninguna asamblea si ella no está presente. La situación se complica aún más pues Torres tiene prohibido asistir a reuniones de la UNE ya que está ligada al proceso por supuesto financiamiento electoral ilícito.