Los parlamentarios recapacitaron, pues la iniciativa era un arma de dos filos, pues era el primer paso para un Gobierno autoritario, lo que generó amplia discusión a nivel nacional sobre las garantías constitucionales.
La Junta Directiva del Congreso decidió este martes, engavetar la iniciativa de ley 6076, ley para el Fortalecimiento de las fuerzas de Seguridad y el Ejército de Guatemala.
El diputado Carlos López, primer vicepresidente del Legislativo dijo que ya no está previsto que el proyecto de ley sea enviado para consulta a la Corte de Constitucionalidad, en atención a pobladores y líderes comunitarios de Totonicapán.
El legislador explicó que la iniciativa generó discusión por lo cual se consideró prudente que no avanzara en su proceso de aprobación y no incluirla en la agenda del pleno.
“La decisión se tomó en conjunto Junta Directiva y Jefes de Bloque, que era lo más sensato para no crear conflictividad social”, expresó López.
El proyecto de ley fue presentado el 10 de mayo de este año ante Dirección Legislativa del Congreso y se conoció en el pleno el 29 de junio; fecha en la que se remitió a la Comisión de Gobernación.
Por medio de esta iniciativa se buscaba crear un marco jurídico que permita tanto a los habitantes como a las fuerzas de seguridad, saber sobre los límites y garantías que se gozan al momento de ejercer sus derechos, en cuanto a la manifestación pacífica y sin armas.
Dicho proyecto de ley proponía que las fuerzas de seguridad puedan hacer uso de la fuerza pública letal; en situaciones específicas de agresividad en las cuales, la vida de los elementos policiales o del ejército estén en riesgo. Para tal fin también se harina modificaciones al código penal, referente a la prisión preventiva y a medida sustitutiva.
Sin embargo, según explicó un jurista, la iniciativa abarcaba mucho más que eso, pues afectaba a toda la población, no solo a las fuerzas de seguridad.