La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, inicia el último año de su segundo mandato al frente del Ministerio Público en un contexto marcado por el conflicto con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. El mandatario ha insistido públicamente en su renuncia e incluso impulsa iniciativas legislativas para recuperar la facultad presidencial de destituir al fiscal, eliminada en 2016.
El desempeño de Porras ha generado opiniones divididas. Mientras analistas como Francisco Quezada del CIEN reconocen avances en eficiencia procesal y expansión territorial de las fiscalías, también señalan preocupantes cifras de casos archivados sin conclusión. “Hay una gran diferencia entre los casos judicializados y los que terminan archivados”, afirma Quezada, quien compara su gestión con las de sus predecesoras Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz.
La tensión con el Ejecutivo escaló tras el encarcelamiento de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de los 48 Cantones de Totonicapán, lo que llevó a Arévalo a presentar recursos legales y denuncias internacionales contra Porras. “Pondremos un fiscal comprometido con la democracia”, declaró el presidente, quien tendrá potestad para nombrar su reemplazo en mayo de 2026.
