Diputados oficialistas presentaron una iniciativa de ley en el Congreso de la República con la cual buscan reactivar la pena de muerte.
La propuesta llega tres días después de que el presidente Alejandro Giammattei asegurara de que “no le temblaría la mano (para aplicarla) si son condenados a muerte”.
“Ojalá el Congreso le devolviera lo que la Constitución le dice al presidente de la República, el derecho del recurso de gracia para que la aplicación de la pena de muerte pudiera ser efectiva”, dijo Giammattei el viernes 27 de enero.
En 2004 durante la gestión de Alfonso Portillo se derogó el decreto 159 que permitía al mandatario suspender o no la ejecución de un condenado, por lo que desde entonces existe un vacío legal sobre el indulto que impide aplicar la pena de muerte.
A eso se sumó una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017 que dejó exentos de la pena capital los delitos de: parricidio, asesinato, plagio, secuestro y desaparición forzada.
Actualmente en Guatemala la pena de muerte no está activa debido a que en 1,969 Guatemala firmó el famoso Pacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos más conocida como “Pacto de San José”.
Este documento restringe la aplicación de la pena de muerte, en los países firmantes, lo cual está regulado en el capítulo II Derechos Civiles y Políticos, Artículo 4.
En la actualidad según la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención.
A pesar de que Guatemala suscribió estos acuerdos de la OEA ejecutó varias veces después la pena capital, a través de fusilamiento e inyección letal siendo la última el 29 de junio de 2000.
Ahora 23 años más de su utilización por última vez, el Ejecutivo busca que se vuelva a reactivar en Guatemala.
