Hace siete semanas los familiares de 16 guatemaltecos migrantes originarios de Comitancillo, municipio del oeste de Guatemala, recibieron llamadas y mensajes que les alertaban sobre un accidente de automóvil en la zona fronteriza de México con Estados Unidos.
El supuesto accidente del que les dieron cuenta entonces los coyotes era en realidad una masacre ocurrida en el poblado de Santa Anita, del municipio mexicano de Camargo, donde 19 personas fueron baleadas y calcinadas. Solo tres de los muertos no eran guatemaltecos.
Siete semanas después, las familias guatemaltecas rindieron este sábado homenajes y velaron a las víctimas de presuntos sicarios del Cartel del Noreste, los antiguos Zetas, que buscaban a un mando del Cartel del Golfo, la organización que controla la zona en Tamaulipas.
Los 16 cuerpos llegaron a Guatemala en un vuelo organizado por las autoridades migratorias mexicanas. En la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca los recibió un contingente de políticos y funcionarios, entre los que destacó la presencia del presidente del país, Alejandro Giammattei.
Los cuerpos fueron trasladados por cuenta de la Cancillería guatemalteca a sus poblados de origen. Primero arribaron a Comitancillo, en el departamento de San Marcos, y antes de la medianoche fueron enviados a la decena de aldeas de donde eran originarios.
Algunas familias vieron la recepción del Gobierno desde sus aldeas y al concluir se dirigieron con otros miles de personas al estadio Santa Cruz de Comitancillo, donde recibieron a 12 de los cuerpos.
La solemnidad de los eventos se cortaba con el llanto y lamentos de hombres y mujeres, como Zaidi Aguilón, quien abrazó el féretro en el que se encontraba su esposo, Iván Gudiel Pablo Tomás, y que, como el resto de ataúdes de las víctimas, estaba cubierto con una bandera de Guatemala.
RETORNAR AL CEMENTERIO
Elfego Roliberto Miranda Díaz inauguró este sábado el cementerio de la aldea de San Francisco, en una zona donde predominan las familias que reciben remesas de dinero de otros migrantes que se adelantaron.
A pesar de contar con un título de perito contador, Elfego pensó que en Estados Unidos podía mejorar las condiciones de vida de su familia, instalada en una tierra árida, colmada de casas de adobe y techo de paja, con suelo de tierra. Pero su sueño se truncó en territorio mexicano.
Su hermana Dalila, de 24 años, dijo que exige justicia y que necesita saber “por qué lo mataron”.
“Vamos a pedir que el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) se haga responsable de los niños que ya se quedaron huérfanos”, comentó respecto de sus tres sobrinos y del cuarto que aún está en el vientre de su cuñada.
En la casa de los Miranda un mariachi amenizaba la tarde mientras un canal evangélico de televisión del municipio transmitía en directo su velorio.
Así como los Miranda, el resto de ataúdes con los cuerpos de los migrantes fueron recogidos por las familias de cada uno para velarlos en sus casas antes de enterrarlos.
CON POCAS ESPERANZAS
Para reducir la migración, algunas personas propusieron al alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, la construcción de un instituto tecnológico, un bien inexistente en tierra de escasas oportunidades.
Otra de las asesinadas, Cristina García Pérez, de 20 años, decidió viajar para conseguir el dinero suficiente para pagar la operación de labio leporino de su hermana de un año.
María Isidro Díaz, madre de Rubesly Elías Tomás Isidro, dijo a medios guatemaltecos e internacionales que pagó 15 mil quetzales al coyote (traficante de personas) y que además a Rubesly le robaron otros 2 mil quetzales (260 dólares) antes de que el grupo del crimen organizado acabara con su vida.
Lo último que le dijo Rubesly, contó, fue: “Estamos aquí (en Camargo), mañana vamos a llegar a la frontera. Voy a apagar mi teléfono y la llamo estando allá”. Luego se enteró que les habían quitado el teléfono y robado el dinero que llevaba consigo.
Otra víctima de la masacre fue Edgar López y López, de 50 años y que había vivido los últimos 30 en Estados Unidos como indocumentado. Hace cinco meses había sido deportado tras el endurecimiento de medidas antimigratorias del entonces presidente Donald Trump y, al hallarse de vuelta en Comitancillo, prefirió volver a su otra vida, la que había amasado ya en el país norteamericano.
Cada año más de 200 mil guatemaltecos intentan emigrar ilegalmente a Estados Unidos, donde radican tres millones de sus compatriotas, en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la violencia y la pobreza en su país.
