En este caso intervinieron funcionarios y personas particulares para la sustracción irregular del dinero del IGSS correspondiente a las reservas técnicas de los programas de asistencia social.
Por considerar que ha cometido delitos de obstrucción a la justicia y prevaricato, este martes 11 de mayo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) solicitó retirarle la inmunidad al juez de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulún.
A través de un comunicado, la FECI explicó que las acciones del juez habrían beneficiado a 52 personas en el caso por el delito de lavado de dinero, denominado Fenix.
La labor de investigación en el caso permitió reabrirlo. Además, se logró identificar que Cojulún fue una pieza fundamental en el logro de la impunidad en el Caso Fénix, quien, a sabiendas, profirió decisiones que favorecieron a varios sindicados, fundamentalmente a Gustavo Herrera, quien lideraba la estructura investigada”, dice el comunicado.
Cojulún lleva el denominado Caso Fénix, en donde se vincula a empresas, exfuncionarios de Gobierno y particulares como Gustavo Herrera, asilado en Nicaragua, por la sustracción de unos 350 millones de quetzales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Cojulún es conocido por llevar casos como el del Transurbano, en dónde fue recusado por el exsecretario privado de la presidencia del Gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos, por haberle negado medida sustitutiva.
Según la investigación, las autoridades establecieron los pasos y acciones propias del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita (peculado y otros), producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista – Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco Uno S.A. (Fiduciario).
Este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.
