El Pleno del Congreso aprobó la ley para la Protección de la Vida y la Familia, con la que se endurecen las penas en contra de las mujeres que interrumpan su embarazo, y en contra de personas que por actos de violencia causen el aborto.
“Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y leyes que degeneran el concepto ideal de familia, con esta aprobación para la sociedad guatemalteca. Esta ley nació en una oficina de la zona 12. Esta iniciativa la firmaron 23 diputados y la firmaron. En el momento fue respaldada por más de 30 mil firmas y luego se sumaron 140 mil guatemaltecos que firmaron esta iniciativa”, expresó Armando Castillo, durante la sesión ordinaria.
CASTIGO
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia también reforma los artículos 133, 134, 136, 137, 138, 140 y 141 del Código Penal. Estos artículos se relacionan con el aborto, en todas sus formas.
Bajo esta ley se define como aborto la muerte natural o provocada de un embrión o feto, en cualquier fase de su desarrollo, desde la concepción y en cualquier etapa del embarazo, hasta antes del nacimiento.
De igual manera, las reformas establecen una pena de entre 5 y 10 años a las mujeres que causaren su aborto o consintieren que otra persona se lo cause.
No obstante, se determinó que el aborto terapéutico puede efectuarse siempre que se realice con el solo fin de evitar un grave riesgo para la vida de la madre.
También enfrentarán prisión de 6 a 12 años las personas que por actos de violencia causen el aborto, sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida.
Por otro lado, la ley establece que los menores de edad tienen derecho a vivir con su núcleo familiar, bajo custodia y responsabilidad de padre y madre o de sus tutores.
Es por ello que los encargados tienen el derecho de escoger el tipo de educación que se brinde a sus hijos. Este derecho no podrá ser interferido o limitado por ninguna persona o entidad pública o privada.
Además, se indicó que el matrimonio es una institución social por la que un hombre y mujer se unen legalmente. Por lo que se prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Asimismo, la ley garantiza que toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, algo que implica a no estar obligado a aceptar como normales las conductas o prácticas no heterosexuales.
