La familia del periodista fue notificada de la decisión del Organismo Judicial la mañana de este viernes y deberá volver a la prisión preventiva.
El caso del periodista José Rubén Zamora Marroquín es un reflejo de la tensa situación política y judicial que atraviesa Guatemala, donde las garantías para la libertad de expresión y los derechos humanos parecen estar bajo amenaza. La decisión de la Sala Segunda de Apelaciones de revocar el arresto domiciliario y enviarlo nuevamente a prisión preventiva en el penal militar de Mariscal Zavala ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El presidente Bernardo Arévalo condenó la medida, calificándola de “abusiva y arbitraria” y reiterando el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión. Esto contrasta con el contexto del proceso judicial contra Zamora, señalado por múltiples irregularidades, como la imposibilidad de presentar pruebas de descargo y la persecución a sus abogados defensores, según denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, lamentó la decisión judicial en la red X: “Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico”.
“Cualquier resolución que atente contra la libertad de expresión es ilegítima. Desde el Gobierno de Guatemala, tomaremos todas las medidas que defiendan la libertad de expresión”, agregó.
La situación es aún más delicada debido al historial del periodista como crítico de la corrupción estatal. Zamora, fundador del medio “El Periódico”, ha expuesto importantes casos de corrupción, incluyendo señalamientos contra la administración del expresidente Alejandro Giammattei. Su detención en 2022, poco después de publicar denuncias contra el gobierno, ha sido vista por muchos como un intento de silenciar la labor periodística.
El hecho de que esta decisión judicial coincida con la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del gobierno de Arévalo, en la que se reafirma el compromiso con la libertad de prensa, plantea interrogantes sobre la independencia del sistema judicial en Guatemala y su respuesta ante presiones políticas.
El caso de Zamora no es aislado. Decenas de jueces, fiscales, periodistas y activistas han denunciado persecución política, lo que ha obligado a muchos a buscar exilio. Esto subraya la necesidad de un fortalecimiento institucional que garantice la protección de los derechos fundamentales y la independencia judicial.
La resolución del caso de José Rubén Zamora será un indicativo importante de la dirección que tomará Guatemala en términos de democracia y derechos humanos.
