A casi 11 meses de su captura, la Justicia guatemalteca decretó este martes la extradición a Estados Unidos de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), mientras sus abogados argumentan que la decisión fue injusta y sin escuchar su defensa legal.
La extradición de Luis Enrique Martinelli Linares fue ordenada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal del Organismo Judicial guatemalteco y divulgada en la tarde de este martes por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), por cuatro delitos de lavado de dinero.
La decisión de la corte llega casi 11 meses después de la captura de Luis Enrique, detenido el 6 de julio de 2020 junto a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares, cuando intentaban abandonar el país en un avión privado.
Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, cuyo proceso de extradición aún continúa, fueron arrestados a petición de Estados Unidos debido al supuesto delito de lavado de dinero durante la Presidencia de su padre.
Los hermanos Martinelli se disponían a despegar de la Ciudad de Guatemala en aquel momento cuando fueron capturados después de alrededor de un año en paradero desconocido.
La fecha de extradición del hijo del exmandatario panameño será determinada próximamente por las autoridades judiciales guatemaltecas.
El caso de Ricardo Alberto se procesa actualmente en el Tribunal Tercero, a la espera de que se complete el procedimiento legal donde se defina si será o no extraditado a EEUU como su hermano.
DEFENSA ARGUMENTA INJUSTICIA
El jurista César Calderón, uno de los integrantes de la defensa de Luis Enrique Martinelli, aseguró a Efe que aún no ha sido notificado de la resolución judicial del Tribunal pero que en caso de ser así dicha decisión “viola el debido proceso” de su cliente.
Calderón enfatizó que “aún no ha sido (celebrada) la segunda audiencia” del proceso de extradición para Martinelli Linares, por lo que no debería de oficializarse la extradición.
Además, aseveró que las autoridades no le están dando “la oportunidad de utilizar la vía recursiva” con las diversas acciones legales interpuestas en el caso, y señaló de igual forma que su defendido goza de inmunidad diplomática como diputado suplente del Parlamento Centroamericano.
LA REACCIÓN DEL EXPRESIDENTE
El expresidente Martinelli calificó como “violación” la decisión de la Justicia guatemalteca con respecto a su hijo y su extradición a Estados Unidos.
“Sin iniciar audiencias para discutir el tema, Juzgado de Guatemala declaró procedente la extradición de mi hijo Luis Enrique Martinelli”, dijo el exmandatario panameño en redes sociales.
“Esas violaciones”, según el exgobernante de 69 años, “ocurren porque la Cancillería panameña no está cumpliendo con la obligación que le impone artículo 17 de la Constitución”.
La norma constitucional citada por el expresidente establece que “las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción”.
EL PROCESO CONTRA LUIS ENRIQUE
El pasado 7 de agosto, el Tribunal Quinto avaló el proceso solicitado por Estados Unidos en contra de Luis Enrique Martinelli Linares y dio el plazo correspondiente de 40 días para que EE.UU. realizara la “petición formal de extradición”.
El 8 de marzo, finalmente, se celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas, mientras una sala de apelaciones deliberaba sobre una nueva recusación planteada por Calderón a los jueces del Tribunal.
Según indicó el Ministerio Público, al hijo del expresidente panameño se le acusa de cuatro delitos: conspiración para cometer lavado de dinero, implicando una actividad ilegal específica; conspiración para cometer lavado de dinero; lavado de dinero y complicidad e instigación”.
La acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York ha informado que los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares.
Ricardo Alberto está acusado en Estados Unidos además por dos cargos adicionales derivados del gasto del dinero blanqueado.
Los hermanos se encuentran actualmente tras las rejas en el cuartel militar Mariscal Zavala junto a alrededor de 200 presos de alto perfil.
Ambos fueron electos en 2019 como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano, pero nunca llegaron a ser juramentados.
