Había decidido no publicar nada sobre el tema, porque ya en redes sociales se ha discutido suficiente sobre el asunto.
Pero en vista de que el MP recién publicó un “post” en donde niega que la grabación sea verdadera, pues aquí vamos.
Este viernes se hizo viral un audio de 13 minutos, filtrado por alguna de las tres únicas personas que participaron en la audiencia celebrada el 7 de septiembre del presente año, porque
el caso está en reserva: la fiscal Eugenia Morales Lazo o el juez Fredy Orellana, o el secretario del tribunal.
En dicha audiencia la fiscal de la FECI Eugenia Morales Lazo llegó con el juez Fredy Orellana, a solicitarle autorización para ejecutar las ya realizadas horripilantes e inconstitucionales acciones de inspección de las bolsas que contenían los votos y efectuar un conteo de las papeletas de la elección de Presidente y Vicepresidente emitidos en la primera vuelta del proceso electoral 2023. Así mismo le solicita en dicha audiencia como la grabación filtrada atestigua; el secuestro de las computadoras usadas por digitadores en la primera vuelta electoral, así como de cualquier otro documento que “podría ser útil para la investigación”.
También detalló que estos documentos se encontraban en el Parque de la Industria dentro del COPE. “Por lo que, aunado en lo publicado por diferentes medios de comunicación en donde se establece que el referido COPE se encuentra en el Parque de la Industria y es el lugar al cual remitieron todas las cajas electorales.
Señaló que las Actas No. 4 se encontraban en el Registro de Ciudadanos, por lo cual pidió realizar un allanamiento, inspección, registro y secuestro de dichos documentos, computadoras, medios de almacenamiento, USB, tabletas y celulares en ambos lugares.
El Juez Fredy Orellana sin objeción o cuestionamiento alguno, firmó la autorización para efectuar las diligencias requeridas. Algo verdaderamente escandaloso “Por lo que a lugar lo solicitado y se autoriza a la Fiscalía la práctica de diligencias de allanamiento, de inspección, registro y secuestro de evidencias, así como extracción y posterior posible análisis de información que sea necesaria”, afirmó Orellana, quien explicó que se debía ser con base a la Constitución y el Código Procesal Penal en un plazo de 15 días.
LO INAUDITO ES QUE LA FISCAL MORALES PARA SOLICITAR AL JUEZ ORELLANA TAN GIGANTESCA DILIGENCIA, SE BASÓ EN UNA DENUNCIA INFANTIL FALTA DE INDICIOS REALES Y PRUEBA ALGUNA, INTERPUESTA POR EL ACTIVISTA ULTRADERECHISTA GIOVANNI FRATTI.
La fiscal Morales en la grabación filtrada, le informa al juez Fredy Orellana que el 26 de julio recibieron la denuncia por parte del abogado Giovanni Fratti Bran.
(haremos un breve resumen de dicha denuncia)
Giovanni Fratti Bran argumenta en su denuncia que acompaña con recortes de prensa; de que se ha enterado por los medios de comunicación, que existe una orden de suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Y que como la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 31 Bis dice que el Estado debe contribuir al financiamiento de los partidos políticos a razón del equivalente de dos Dólares por voto legalmente emitido. Existe el peligro razonado y fundado de que el partido suspendido provisionalmente reciba fondos del Estado de Guatemala. Como producto de posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita. Dada las inconsistencias que han sido establecidas en este proceso electoral 2023, existiendo la posibilidad razonada y fundada que se defraude dinero del Estado y el pueblo de Guatemala. Ya que “hay indicios” de que la cantidad de votos que le está adjudicando al partido Semilla el Tribunal Supremo Electoral no sean reales. Porque existe la “posibilidad” de que las actas denominada Documento 5 contengan dolosas inconsistencias que reflejen discrepancias que no reflejan la realidad de los sufragios que presuntamente fueron emitidos a favor del partido Semilla.
EN RESUMEN
No hay que ser especialista en la materia para darse cuenta que lo que se escucha en grabación filtrada de la audiencia es que están anticipando, suponiendo, que posiblemente se le den US $2 por voto a un partido que no le corresponde. Una investigación penal debe ser por hechos ocurridos no sobre “posibles” o “quizás” futuros hechos.
El MP debe de actuar cuando hay una sospecha de un delito que constituye delito, no de “algo que podría, quizá, lo más seguro es que a saber quién sabe”.
Además, la Fiscalía no tiene nada que ver con un acto penal de daño patrimonial al Estado, está fuera de su competencia, puesto que un daño patrimonial al Estado compete a la Contraloría General de Cuentas (CGC) y no al MP.
Y que con una argumentación tan infantil y pobre por parte del MP, que el Juez autorice el allanamiento de material electoral, es algo escandalosamente serio.