La bancada justifica que citó a funcionarios “para que rindan cuentas al ser funcionarios públicos y no para conocer detalles de casos”. Aquí todos los detalles.
Una acción penal fue interpuesta por la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, después que la congresista Ligia Hernández, citara a funcionarios administrativos de esa dependencia para conocer la política pública en torno a la protección de fiscales, esto en cumplimiento a lo resuelto por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Porras presentó la denuncia por considerar que la congresista cometió los delitos de abuso de autoridad.
“El Ministerio Público actúa siempre de conformidad con la ley en cumplimiento a su mandato legal y constitucional. Si alguien no está de acuerdo con alguna acción, tiene el derecho de hacer uso de los mecanismos legales de impugnación establecidos en ley, en respeto al debido proceso”, aseveró la fiscalía.
En tanto los diputados de Bancada Semilla, aseguraron que todo se trata de una persecución política.
“Movimiento Semilla manifiesta su apoyo ante la persecución política en contra de nuestra compañera Ligia Hernández, por parte del MP, que criminaliza su trabajo como Jefa de Bancada y diputada opositora”, señaló la agrupación política a través de un comunicado.
Mientras que la congresista denunciada se pronunció a través de sus redes sociales y calificó la acción de la Fiscal General como “espuria e infundada”, pues a su criterio se realizó por “la labor de fiscalización” que se realiza desde la Bancada opositora.
Samuel Pérez, diputado de la misma bancada, afirmó que la denuncia de Porras es “clara” y se trata de una persecución política, ya que Hernández sólo cumplió con su labor de fiscalización y “todos los funcionarios públicos deben de rendir cuentas”.
“Es claro el proceso de cooptación en las instituciones de combate a la corrupción, en especial en el MP, que ha mostrado un compromiso total por defender la corrupción… nunca se citó a nadie para conocer detalles de casos, sino que fue para rendir cuentas al ser funcionarios públicos”, justificó Pérez.
