Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público y su secretario general, Ángel Pineda, por “obstruir” investigaciones de corrupción y “socavar los procesos democráticos”, por lo que les fue retirada la visa.
Al respecto, el Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el que calificó de falsos e infundados los señalamientos que llevaron a EE. UU. a incluir en la lista de actores corruptos a ambos funcionarios.
“las supuestas acciones anteriormente relacionadas SE RECHAZAN PÚBLICAMENTE, por cuanto SON TOTALMENTE FALSAS E INFUNDADAS, ya que tienen como base supuesta información obtenida a través de ciertos medios de comunicación y otras fuentes, principalmente de personas que evaden la justicia, razón más que suficiente para advertir que dichos señalamientos son infundados y carentes de toda veracidad, ya que no se han realizado acciones tendientes a verificar la veracidad de lo informado por las fuentes, es decir a tener la base probatoria y obtener la versión de otros actores”.
El documento agregó que “el Ministerio Público es una institución que realiza sus acciones con estricto apego al principio de legalidad”, y que durante la administración de Porras “se ha afianzado y garantizado la lucha contra la corrupción e impunidad, mediante la incorporación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad al esquema organizacional del MP”.
La fiscalía aseguró que por mandato constitucional, Porras “es la única titular de la acción y persecución penal, por lo que en ningún momento podría obstruir las investigaciones llevadas a cabo en la institución”, y que en cambio “todo este tipo de acciones, perturbaciones, denigraciones y menoscabo a la institución, constituyen una verdadera obstrucción a la justicia, meritoria de ser investigada. Resultan lamentables este tipo de acciones cuyo objetivo no es la lucha contra la corrupción, sino que se trata de acciones políticas, sesgadas e ideológicas que están perturbando el desarrollo técnico de una institución seria como el Ministerio Público”, dice el oficio.
El comunicado reiteró que la fiscal general y jefa del MP “ratifica contundentemente la decisión de seguir trabajando en beneficio de la construcción de una cultura de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos para construir un verdadero estado democrático de Derecho en Guatemala.
Mientras que el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al anunciar la decisión, afirmó que Estados Unidos está comprometido a apoyar al pueblo del norte de Centroamérica fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son las claves para un futuro mejor.
Así se conoce a la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, patrocinada en diciembre pasado por el exlegislador Eliot Engel, y por la cual el Departamento de Estado debe identificar a quienes en esos tres países centroamericanos atenten contra la democracia y la lucha anticorrupción.
Washington prohibió el ingreso de Porras y de cinco magistrados de El Salvador, considerándolos “actores corruptos y antidemocráticos”, en el marco del esfuerzo de la administración Biden para abordar las causas de la migración irregular.
