Los coyotes deberán pagar de 10 a 30 años de cárcel inconmutables por persona que lleven fuera de Guatemala.
El Pleno del Congreso aprobó este martes en su tercer debate la Iniciativa 6022, que propone reformas a la Ley de Migración, con el objetivo de endurecer las penas al delito de tráfico de personas.
Con el objetivo de reducir la migración ilegal, el decreto 5-2022 endurece las penas por tráfico de personas por lo que los coyotes pagarán de 10 a 30 de cárcel por persona que lleven afuera del país guatemalteco.
En cuanto al delito de “tráfico ilegal de guatemaltecos” las penas de seis a ocho años de prisión establecidas para quien “capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio” a connacionales para que emigren a otro país sin cumplir con los requisitos legales se aumentan de 10 a 30 años.
Las penas aumentarán en dos terceras partes, cuando el migrante sea menor de edad, se trate de una embarazada, el autor del delito sea un funcionario, cuando el delito se lleve a cabo por un grupo de tres o más personas y cuando la migrante sufra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El tráfico de migrantes se ha convertido en un negocio que genera enormes beneficios para los traficantes y el crimen organizado, y es uno de los medios para que millones de personas, nacionales como extranjeras sean engañados, coaccionados o sometidos de alguna manera a situaciones de esclavitud.