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¿Qué opina de que le retiren la seguridad a exjefa de la fiscalía Thelma Aldana?

La exjefa del Ministerio Público disponía de 28 agentes (25 hombres y 3 mujeres) y cinco vehículos, uno blindado, lo que tenía un costo aproximado de Q6 millones anuales.

Esta medida era para prevenir amenazas o atentados contra su seguridad por la naturaleza de su función. El MP desde ese entonces cubría los salarios, bonos y viáticos de los guardaespaldas asignados a Aldana, así como el combustible y el mantenimiento de los vehículos asignados a la seguridad de la exfuncionaria.

De acuerdo con un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) más de 7 millones gastó el pueblo de Guatemala en seguridad para Aldana desde mayo de 2018 que la exfiscal dejó el puesto, para el 2019 cuando Consuelo Porras decidió retirarle la seguridad que estaba a cargo del Ministerio de Gobernación.

Aldana no conforme con la decisión de Porras presentó un amparo para revocar la medida, el cuál fue denegado esta semana por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron la resolución definitiva.

En su momento, Aldana argumentó que la decisión de Porras violenta el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se otorgaron medidas de seguridad para ella y su familia.

Señalamientos

La Fiscalía de Asuntos Administrativos del MP señala a Aldana de autorizar la compra irregular de un edificio para esa institución durante su gestión (2014-2018).

El MP pidió una orden de captura contra Aldana por ser la responsable de autorizar dicha compra.  Según la investigación el edificio costó unos US $449 mil por encima del precio real.

También es señalada por presuntas irregularidades en la contratación de servicios profesionales prestados por Gustavo Bonilla, ante el Ministerio Público.

En ese entonces, Bonilla era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Estas acusaciones impidieron en 2019 que Aldana participara como candidata a la presidencia por el Movimiento Semilla ya que la Contraloría General de Cuentas invalidó el documento denominado finiquito, requisito indispensable para inscribirse.

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