Se trata de Carlos Ayala, según la jueza, en marzo se discutirá si Ayala podría enfrentar un juicio por los dos delitos penales.
Como resultado de la audiencia de primera declaración en contra de Carlos Ayala, la cual se realizó a puerta cerrada en un juzgado tributario en el edificio de finanzas públicas, la jueza resolvió que el sindicado quede ligado a proceso y enviarlo a prisión preventiva.
La juez tributaria Ericka Granados aceptó la petición del Ministerio Publico (MP) para que Ayala sea investigado por los delitos de defraudación tributaria y caso especial de estafa. Por lo que se le otorgó un plazo de 2 meses al ente investigador para la investigación correspondiente.
A finales de febrero se entregará el acto conclusivo y en marzo se discutirá si Ayala podría enfrentar un juicio por los dos delitos penales.
Para este jueves 26 de diciembre la jueza que conoce el caso B410 también decidió escuchar a los 3 sindicados por separado, por lo que afuera de la judicatura espera turno el abogado y notario David Barrera y Medarlo López para su primera declaración y resolver su situación legal.
A las 14 horas otro de los implicados entrara a la sala de audiencias para iniciar su primera declaración.
El Ministerio Público dio a conocer la mañana del 16 de diciembre sobre la captura de dos primeras personas en el caso por posible defraudación tributaria B410, identificados como David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
Según la investigación, Barrera Maldonado lo sindican de lavado de dinero y otros activos, mientras que, a Ayala, representante legal de una empresa constructora, por defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
La fiscalía estableció que los dos notarios se dedicaban a constituir sociedades anónimas para luego venderlas a terceros que tenían la obligación de actualizar cada cierto tiempo el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal. Sin embargo, ese proceso en muchas empresas no lo hicieron.
Este caso de corrupción fue debelado por la SAT, quien identificó un entramado de corrupción que incluiría a 410 empresas con anomalías y que podrían haber evadido hasta Q1,100 millones.
La evasión pudo concretarse a través del incumplimiento en el pago del IVA y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), durante el gobierno del ex presidente Alejandro Giammattei.
