Los integrantes de los 48 cantones de Totonicapán no quieren que las fuerzas de seguridad puedan utilizar armas, lo que pone en desventaja a las autoridades, más en conflictos como el que se registra entre los pobladores de Ixtahuacán y Nahualá, Sololá.
Los integrantes del grupo, se apostaron desde la noche del miércoles frente al palacio legislativo para exigir la no aprobación del proyecto de ley y para advertir, que si aprueban la ley harán manifestaciones.
Además, agregaron que el Pleno del Congreso no puede conocer la iniciativa si ellos no dan ninguna autorización.
La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se reunió con ellos, para dialogar, y aseguró que suspenderá la discusión de la ley 6076, para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército, hasta que sea analizada.
Los inconformes aseguran que la propuesta afecta el derecho a manifestar, por lo que Rivera anunció que antes de continuar con la discusión, la analizarán previo a colocarla en punto de agenda.
Giovany Rosales, presidente de los 48 Cantones, advirtió que, de retomar con la iniciativa, tienen que ser consultados, expresó. El grupo esperaba estar presente en la sesión plenaria de este jueves y que en moción privilegiada quedará plasmada la petición. No obstante, por las manifestaciones en el Centro Cívico, las actividades en el Congreso quedaron suspendidas.
Por su parte, Rivera aclaró el objetivo de la iniciativa. “La intención es que las personas que no tienen escrúpulos, hay vándalos…se pueden detener. Soy una mujer de palabra, la vamos a analizar antes de colocarla en agenda”, explicó la presidenta, quien posteriormente publicó en redes sociales que instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos analizar las inconstitucionalidades.
Iniciativa en primera lectura
La iniciativa 6076 que ya se discutió en primera lectura, se presentó en Dirección Legislativa el 10 de mayo de 2022, por los diputados ponentes de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN).
El diputado Boris España, quien preside la Comisión de Gobernación, justificó el dictamen favorable al proyecto con el argumento de que buscan fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, incluso, poder usar sus armas en diferentes momentos “Muchos ciudadanos les faltan el respeto a las fuerzas de seguridad, lo cual no se va a permitir”.
Además, dijo que se permitía el derecho a la manifestación de forma “racional” y cuando haya excesos, que se delimite el utilizar el armamento de parte de las fuerzas de seguridad, a fin que puedan cumplir con sus funciones.
