La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró que no existe una orden de captura internacional en su contra, luego de que Guatemala solicitara su arresto por el caso Odebrecht. Camargo explicó que al tratarse de un convenio entre gobiernos y haber sido rechazada la solicitud por Colombia, la medida solo tendría vigencia en territorio guatemalteco. Además, cuestionó que la orden fuera emitida por un tribunal de apelaciones y no por un juez de control, como establecen los protocolos habituales.
El conflicto judicial escaló cuando Iván Velásquez, excomisionado de la CICIG y actual embajador de Colombia en el Vaticano, acusó a la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras y al fiscal Rafael Curruchiche -ambos sancionados por corrupción por EE.UU. y la UE- de perseguirlo políticamente. “Estas acciones buscan criminalizar a quienes lucharon contra la corrupción”, declaró Velásquez en redes sociales.
Porras respondió con dureza, calificando a Velásquez como “prófugo” y acusándolo de haber traicionado a las instituciones internacionales durante su gestión en la CICIG. “Demostró ser más corrupto que aquellos que investigaba”, afirmó la fiscal guatemalteca.
El gobierno de Guatemala rechazó las críticas, señalando que las acciones judiciales carecen de fundamento legal y obedecen a intereses políticos. Mientras tanto, el presidente colombiano Gustavo Petro comparó la situación con el caso de Pedro Castillo en Perú y propuso la creación de un tribunal internacional para juzgar a las redes del narcotráfico por crímenes de lesa humanidad. “Algunas fiscalías en nuestra región están al servicio del crimen organizado”, denunció Petro.
