La titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores, afirmó que ninguna de las 30 mil pruebas falsas fue utilizada para diagnosticar a algún paciente. Mientras el MP investiga a la empresa Kron, y al actual viceministro de Cultura y Deportes, Ronaldo Estrada, quien en el 2020 era el gerente financiero en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), tiempo en que se concretó la compra.
La Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía Contra la Corrupción del MP, realiza dos allanamientos en la sede y bodegas de la entidad mercantil denominada Kron Científica e Industrial, S.A.Las diligencias se realizan en seguimiento a una denuncia presentada por el Ministerio de Salud por irregularidades en la compra y suministro de Pruebas para detectar el #COVID19.
Según la denuncia presentada, la compra de las pruebas se hizo bajo los parámetros del Estado de Calamidad establecido por el Gobierno durante el 2020, el cual concluyó el 30 de septiembre, cinco días después de que se adjudicara la compra a la sociedad anónima.La adquisición se realizó para abastecer de pruebas a los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango.
Tres ofertas fueron presentadas, una de ellas la de Kron, la cual ofreció los test porQ8 millones, pero al final se pagó Q7.5 millones.Amelia Flores, titular de la cartera, afirmó que estas pruebas nunca fueron utilizadas para diagnósticos de pacientes, pues al nomás ser detectada la anomalía por el personal del centro de Huehuetenango fue reportado al Laboratorio Nacional de Salud donde se hicieron análisis y se corroboró que las pruebas no servían.
El Fiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, dijo que no solo investigan la calidad inadecuada de las pruebas para detectar el Covid-19, sino posibles falsedades en registros sanitarios y usos de documentos ilegítimos en el proceso de compra en el que está vinculado el viceministro de Cultura y Deportes Ronaldo Estrada. Estrada afirma que se trató de una compra legal y que fue aprobada por la ministra de Salud. Además, pidió un tiempo de dos meses, sin goce de salario, para ausentarse de sus labores, mientras se esclarece el caso.
