Además de su condena en prisión, a Laparra le inhabilitarán su licencia de abogada por al menos cuatro años y tampoco podrá ejercer algún cargo en administración pública.
Este viernes 16 de diciembre el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a cuatro años conmutables a Virginia Laparra, extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Quetzaltenango, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, a razón de una multa de Q10.00 por día.
Además, el tribunal resolvió que la exfiscal quedará inhabilitada por cuatro años para ejercer el cargo de abogada y para desempeñar un cargo en la administración pública.
El Ministerio Público (MP) había solicitado que fuera una condena de 8 años de prisión inconmutables por abuso de autoridad en forma continuada y también había solicitado la inhabilitación para que ejercería su profesión.
Durante la lectura de la resolución la jueza Oly González argumentó que en el debate la parte acusadora presentó peritajes, declaraciones y varios documentos, entre ellos las cuatro denuncias administrativas que presentó Virginia Laparra contra el juez Lesther Castellanos por supuesta filtración de información.
“Como juez no entró a conocer el fondo de las denuncias porque ya fueron resueltas por la Junta Disciplinaria Judicial. Lo que se analiza y se discute es si las platearon porque Laparra estaba obligada por ley o hubo un abuso”, explicó la juzgadora.
Además, hizo referencia al acuerdo que crea a la FECI de Quetzaltenango, las funciones y atribuciones que le corresponden. “La función principal hace efectiva la acción y persecución penal de los delitos cometidos y cualquier otra conducta, delimita el ámbito territorial Quetzaltenango, San Marco, Totonicapán y Quetzaltenango”, explicó la juzgadora.
Añadió que se evidenció que Laparra presentó y firmó las denuncias contra Castellanos; sin embargo, ella no estaba autorizada para presentarlas porque la FECI de Quetzaltenango estaba bajo el control de la FECI de Guatemala, según los acuerdos del Ministerio Público que crearon la fiscalía.
En la resolución el tribunal hizo referencia a algunas inconsistencias en las fechas que fueron firmadas los oficios de las denuncias contra Castellanos por la fiscalía. “Hay alteraciones en los documentos, cómo pueden firmar los documentos que dicen el día de hoy y tiene otra fecha, a estos documentos no les puedo dar valor probatorio porque en los memoriales no explican si hubo acuerdos con Juan Francisco”, agregó.
Además, argumentó: “¿Quién comete abuso de autoridad?… Un funcionario público. ¿Ella era funcionaria? Sí. ¿Abuso de su cargo? ¿Qué es abusar del cargo? Ella se alejó de la ley y omitió los acuerdos”.
Mientras el tribunal dictaba la sentencia contra la extitular de la FECI de Quetzaltenango, un grupo de personas manifestaba frente al edificio de la Torre de Tribunales, pedían la liberación de Laparra.
Se programó la audiencia de reparación digna para el próximo 21 de diciembre a las 9:00 horas.
