Bukele reclamó a EEUU que la lista “no tiene nada que ver con corrupción”, y reprochó que no se incluya a sus opositores y funcionarios hondureños. “Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción”.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó este lunes a Estados Unidos de cometer “injerencia” en la política del país centroamericano después de que se incluyeran a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional en una lista de supuestos actores corruptos y antidemocráticos.
A través de su cuenta de Twitter, Bukele reclamó a Estados Unidos que la lista “no tiene nada que ver con corrupción”, sino que es “política e injerencia de la más bajera”. También reprochó que no se incluya a sus opositores y a miembros del gobierno de Honduras.
“Queda claro que la lista no tiene NADA que ver con ‘corrupción’, sino que es pura política e injerencia de la más bajera (baja)”, publicó el mandatario en su Twitter tras conocerse la actualización de la lista.
Luego, publicó un nuevo mensaje: “No somos “patio trasero” de nadie”, con una bandera de El Salvador.
Hace solo algunos minutos, el gobierno de los Estados Unidos hizo pública su decisión de actualizar el listado, a través de la cuenta de Twitter del secretario de Estado, Antony Blinken.
La lista se renueva con siete “perpetradores” más, para cumplir la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos, promulgada el 27 de diciembre de 2020.
“Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahún Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña socavaron procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos directos a la Sala de la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”, dice el comunicado de Estados Unidos.
Los cinco magistrados fueron nombrados el pasado 1 de mayo, después que la Asamblea Legislativa destituyó a la antigua Sala de lo Constitucional, bajo el argumento de haber vulnerado los derechos a la vida y a la salud. Esto, debido a que ordenaron al Gobierno a levantar el régimen de excepción impuesto sin acuerdo con el congreso.
Para Estados Unidos, los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos abruptamente “sin causa legítima” al instalarse la Asamblea oficialista, y los “nuevos magistrados declararon constitucional su instalación”.
A ello el Departamento de Estado agrega que los nuevos funcionarios “socavaron los procesos o las instituciones democráticas” al aprobar una interpretación de la Constitución que autoriza la reelección del presidente, pese a una prohibición expresa de la reelección presidencial inmediata.
La ley obliga al retiro obligatorio de visas a todos los nombrados, lo que cancela inmediatamente cualquier visa existente y hace que no sean elegibles para visas o cualquier otro beneficio migratorio.
