Si la sentencia de un migrante fue suspendida o indultada podrá optar a una ‘green card’ y la naturalización.
Congresistas demócratas presentaron un proyecto de ley que pretende evitar la deportación de gente acusada de algún delito, pero que fue indultada o su sentencia fue suspendida.
El senador Alex Padilla (California) y los representantes Adriano Espaillat (Nueva York) y Joaquín Castro (Texas) anunciaron la presentación de un proyecto de ley que eliminaría las barreras establecidas para que determinados migrantes con antecedentes penales puedan obtener la ciudadanía estadounidense.
El proyecto de ley garantizaría que los inmigrantes que hayan sido indultados o que sus sentencias hayan sido suspendidas o anuladas por un tribunal no corran el riesgo de ser deportados, y puedan naturalizarse.
“Durante demasiado tiempo, nuestras leyes de inmigración han puesto el Sueño Americano más lejos del alcance al hacer casi imposible que los inmigrantes, especialmente aquellos con convicciones resueltas, se conviertan en ciudadanos”, señaló Padilla en un comunicado.
El senador californiano añadió que “ya no se pueden hacer los de la vista gorda” con los migrantes.
La propuesta de los legisladores demócratas específicamente modifica la definición de “condena” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para garantizar que, en determinadas circunstancias, una condena que no es reconocida por un tribunal penal no sea una barrera para la naturalización o que genere la deportación del inmigrante.
El congresista Espaillat subrayó en un comunicado que espera que la aprobación de este proyecto de ley sea el comienzo para “reconstruir el sistema de inmigración de este país desde cero, haciéndolo más equitativo y accesible para todos los que llaman hogar a esta nación”.
Por su parte, Heidi Altman, directora de políticas del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes aplaudió la propuesta resaltando que la aprobación del proyecto “garantizaría que nadie sea deportado y separado de sus seres queridos debido a una condena o sentencia que el tribunal penal ya no reconoce”.