El exfutbolista estaba en prisión por agresión sexual a una joven en una discoteca en Barcelona; sin embargo, tras pagar un millón de euros pudo salir de Brians 2.
Dani Alves consignó la fianza de un millón de euros (más de un millón de dólares) que le fue impuesta por la Audiencia de Barcelona y salió en libertad provisional de la cárcel Brians 2, en la que ha permanecido recluído desde el 20 de enero de 2023. Al futbolista brasileño se le concedió la libertad el pasado 20 de marzo, pero no fue hasta este lunes que su abogada Inés Guardiola consiguió reunir la cantidad exigida.
Con un voto de los tres magistrados contrario a la medida, Alves deberá comparecer semanalmente ante el Tribunal y permanecer en Barcelona, siéndole retirados sus pasaportes español y brasileño. Además de ello no podrá acercarse a menos de mil metros de la víctima ni tampoco comunicarse con ella.
El Auto que concede la libertad provisional, y vigilada, al acusado estima que después de la sentencia que le condena a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, ha disminuido el riesgo de fuga con relación a la pena y aunque esta exista se contrarresta con las medidas impuestas, a pesar de la opinión contraria tanto de la Fiscalía como de la acusación particular.
La defensa de Alves mantiene en su recurso la solicitud de absolución del brasileño mientras que la Fiscalía pretende que la pena impuesta se eleve hasta los 9 años, rechazando que se le aplicase un atenuante por el pago de 150.000 euros que efectuó en su momento (dinero prestado por el padre de Neymar) para indemnizar a la víctima.
“La sentencia oscilaba entre 4 y 8 años… Que se haya dictaminado la pena más baja es por decisión del tribunal, pero en absoluto atendiendo a la ley” criticó Ester García, abogada de la víctima y que expresó su “sorpresa” por un proceso que ha sido, afirmó, el más rápido que ha visto en sus más de veinte años de carrera.
Otra razón esgrimida por la Sala para conceder esta medida es el hecho que el brasileño se entregó “voluntariamente” a las autoridades españolas al conocer que era investigado y que en su última declaración reveló su intención de permanecer en España porque “creo en la justicia y no voy a huir”.
Tras pasar 14 meses encarcelado y atendiendo a que la pena impuesta es de cuatro años y medio, la sala estimó que a Alves solo se le podría prorrogar la prisión provisional hasta cumplir la mitad de la condena, lo que ocurriría en abril de 2025 en caso de que antes de ello no se resolvieran los recursos presentados por las dos partes, algo que de acuerdo a fuentes jurídicas “difícilmente se producirá”.
La prisión provisional, estimó el Auto, “no puede en ningún caso adelantar los efectos de una hipotética pena” porque ello vulneraría la Constitución y sentencia que debe ser considerado un “factor mitigador” cuando se acuerda una prisión preventiva.
