El Parlamento Europeo pidió medidas restrictivas contra la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, así como el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, entre otras personas por atentar contra la democracia.
Esos funcionarios, apunta el documento aprobado, “están socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de Derecho y criminalizar a figuras de la oposición”.
La resolución condena “el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales en Guatemala.
Los legisladores añadieron que ese empeño se apoya en “acusaciones infundadas de fraude” y por ello pidieron “que se ponga fin de inmediato a estas acciones”.
Guatemala se ha visto sumergida en una grave crisis institucional después de que la Fiscalía señaló que las elecciones presidenciales que arrojaron como vencedor a Bernardo Arévalo eran “nulas”.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ya condenó el episodio y lo calificó como un “intento de golpe de Estado, encabezado por fiscales políticamente motivados”, y amenazó con sanciones.
En tanto Arévalo, aseguró que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
Mientras que el Tribunal Electoral de Guatemala informó que los resultados de las elecciones “están oficializados y son inalterables” pese a los intentos del Ministerio Público para anularlos.
Los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), Estados Unidos, la ONU y la OEA ya han condenado las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arévalo.
