Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) convocaron a varias autoridades para discutir la situación de un contrato con una terminal de contenedores en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y las afectaciones que esto provoca al Estado.
El funcionario comentó a los parlamentarios sobre la nulidad que pesa sobre el convenio el mención y otras acciones legales que tendrían entrampado el proceso para tomar decisiones en el caso.
Todo iba bien, hasta que el diputado Inés Castillo increpó a Saavedra y lo acusó de no defender los intereses del Estado por no accionar contra jueces que, en su opinión, han resuelto de manera anómala.
El jefe de la PGN se negó a “criminalizar jueces” e indicó que el Ministerio Público debe efectuar las investigaciones respectivas, lo cual propició que las discusión subiera de tono y los participantes se alzaran la voz.
