El abogado Edgar Ortiz, se pronunció ante la orden de la Sala Primera de Apelaciones para que los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco, investigados en el denominado caso “TREP”, no sigan ejerciendo sus cargos hasta que resuelvan su situación legal y que aumentara la caución económica impuesta de Q100 mil a Q700 mil a cada uno, como parte de las medidas sustitutivas.
Por medio de sus redes sociales, el profesional del derecho cuestionó la decisión de la Sala y citó el Artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio, que establece que “un funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”.
El abogado Ortíz reiteró que, la decisión de la Sala de suspender a los magistrados, sin seguir los procedimientos señalados en ley, es decir sin dictar la prisión preventiva, sienta un precedente. A criterio de Ortiz la Sala se “arroga” facultades que no le corresponden.
Agregó que, este precedente significaría que los jueces penales podrían suspender de sus cargos a integrantes de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia o funcionarios del Ejecutivo, sin límites legales. Por último, indicó que, Guatemala “está al borde de un precipicio hacia la arbitrariedad total, amenazando los pilares del Estado de Derecho”.
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