Juez Karen Chinchilla otorgó medida sustitutiva a los 4 magistrados titulares del TSE que consiste en: arraigo, obligación de presentar huella digital cada mes, prohibición de comunicarse con otras personas relacionadas al caso y caución económica de Q100 mil a cada uno.
Luego de más de seis horas de la audiencia de primera, la juez Karen Chinchilla ligó a proceso penal a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el delito de fraude, por lo que deberán continuar las investigaciones en su contra.
De acuerdo con la juzgadora, en la evidencia que presentó la fiscalía, no se establece que haya existido alguna alteración en los resultados electorales, únicamente la posibilidad de que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) haya sido obtenido de forma sobrevalorada.
En el caso del delito de abuso de autoridad que el Ministerio Público imputaba a la magistrada Irma Palencia, la juez dictó falta de mérito por no haber indicios en su contra.
Los señalamientos
Luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) encontrara inconsistencias en la forma en que el TSE utilizó los 500 millones de quetzales destinados para la preparación del evento electoral del 2023, la fiscalía señaló de la compra sobrevalorada del TREP a los magistrados Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, a quienes el 30 de noviembre de ese año, el pleno del Congreso de la República les retiró el antejuicio para que fueran investigados.
Desde ese día, los magistrados salieron del país en horas de la madrugada, argumentando que habían solicitado un periodo de vacaciones, mismo que se prolongó por tres periodos.
En enero del 2024, un juez giró la orden de captura y el 1 de febrero una sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido por Q148 millones al máximo tribunal el sistema TREP.
