Para la Organización Internacional “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando la democracia”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este domingo 2 de mayo del 2021 la destitución por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general de ese país, Raúl Melara, y además las acciones del Ejecutivo liderado por el presidente Nayib Bukele “que guiaron estas decisiones”.
“En la democracia las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.
El organismo interamericano, con sede en Washington, advirtió que “cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, están socavando estos principios”.
“Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”, agregó el pronunciamiento.
Este sábado, el oficialismo tomó las riendas del Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, funcionarios con los Bukele tuvo enfrentamientos durante el último año. La OEA señaló como ” imprescindible en esta coyuntura” que se dé continuidad a los trabajos de la Misión Especial presidida por Santiago Cantón, quien en cumplimiento del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana visitó ese país para evaluar su situación y contribuir a preservar su institucionalidad democrática.
En un informe difundido este domingo, la misión expresó su “preocupación sobre acciones que podrían vulnerar el Estado de derecho, y la democracia salvadoreña”, específicamente en relación con las denuncias sobre “la falta de independencia de los poderes del Estado, los ataques a la libertad de expresión y de prensa, los límites injustificados al acceso a la información” y “el posible aumento en la militarización del país”.
La misión también aludió a las denuncias de incumplimiento a las obligaciones derivadas de los Acuerdos de Paz de enero de 1992 -que pusieron fin a 12 años de guerra civil en ese país-, de desacato “expreso” a las sentencias judiciales, de la vulneración de los derechos de personas que fueron privadas de la libertad a raíz de “decretos inconstitucionales” promulgados para contener la pandemia y de expresiones que fomentan la violencia contra altas autoridades de las instituciones democráticas del Estado.
