En la ciudad de Tapachula, principal frontera con Guatemala, extranjeros de distintas nacionalidades acuden a pedir refugio

Decenas de familias de migrantes centroamericanos afrontan el rechazo en los albergues del sur mexicano, en medio de políticas más restrictivas, el despliegue de las Fuerzas Armadas y a pesar de las promesas gubernamentales.

En la ciudad de Tapachula, principal frontera con Guatemala, extranjeros de distintas nacionalidades acuden a pedir refugio en centros como Belén, de la Iglesia católica, pero les niegan el acceso con los argumentos de que no hay espacio o de que no reciben familias por la pandemia de covid-19.

Tal es el caso del hondureño Norlan Hernández, quien, acompañado de su esposa y su hijo, abandonó su país por amenazas del crimen, para llegar a México en busca de documentos y viajar al norte del país, donde su mujer tiene familiares, con el sueño de empezar una nueva vida.

“Primero anduvimos caminando varias calles y después encontramos un taxista que nos echó la mano y nos llevó a varios lugares, pero la situación es bastante difícil porque ya no hay lugares porque los albergues están llenos”, cuenta Norlan.

Estas escenas ocurren en medio de cifras récord de flujo migratorio, como reflejan los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense (CBP, en inglés), que detuvo en la frontera con México un histórico de más de 172 mil indocumentados en marzo, casi 19 mil menores de edad. El Gobierno de México también registró en marzo un número récord de 17 mil 445 migrantes presentados ante las autoridades migratorias y 3 mil 139 menores no acompañados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) prometió la semana pasada instalar 17 albergues en la frontera sur, en los estados de Chiapas y Campeche, para resguardar a cerca de 7 mil menores de edad solos o acompañados.

Pero en Tapachula las familias con niños menores de 5 años aún viajan por toda la ciudad en busca de refugio para evitar pasar la noche en la calle, mientras otros, como Leonardo, viajan solos.

Además de no encontrar una cama, se han topado con albergues como “El Buen Pastor”, que colocó un aviso para advertir que desde el martes 21 de abril se suspenden los alimentos a las personas ajenas al refugio.

Mientras los migrantes se quedan sin refugio y escasea el alimento, el Gobierno de México ha reconocido el despliegue de 12 mil personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar a los centroamericanos.

Alfredo Cruz, habitante del barrio de San Antonio Cahoacán, opina que el INM se ha convertido en un “gran muro de detención” para las personas migrantes.