La plataforma de entretenimiento en “streaming” Netflix confirmó este viernes los rumores aparecidos a lo largo de esta semana de que está probando un nuevo sistema para evitar que los clientes compartan contraseñas y usen el servicio sin residir junto al propietario de la cuenta.
En un comunicado, la empresa con sede en Los Gatos (California, EE.UU.) explicó que el método que se está probando estos días “está diseñado para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo”.
En las últimas jornadas, varios usuarios habían compartido en las redes sociales capturas de pantalla de Netflix en las que les aparecía el mensaje “Si no vives con el propietario de esta cuenta, debes tener tu propia cuenta para seguir mirando contenidos”.
watching #CityofGhosts and god i wish i had a show like this growing up. full of rich history, beautiful art, and such fun characters :o) pic.twitter.com/uz1WstZ4YQ
En caso de que el receptor del mensaje quisiera seguir usando el servicio, debía verificar que era el titular de la cuenta (o que estaba en contacto con el mismo) mediante la introducción de un código que se enviaba por correo electrónico o mensaje de texto a la dirección o número asociado al titular.
Así, el sistema no se centraría en detectar a quienes comparten su contraseña con familiares residentes en el mismo hogar (algo permitido por las políticas de la empresa), sino en impedir casos en los que un usuario se esté aprovechando de otro sin su consentimiento desde otra casa.
If you like Behind Her Eyes, Black Mirror or The Stranger you should check out The One.
When a DNA researcher discovers a way to find the perfect romantic partner, she creates a bold new matchmaking service with deadly implications. pic.twitter.com/9frKU8tGCo
La firma californiana no ofreció detalles acerca de cuánta gente participa en esta prueba ni de si dispone de un calendario para empezar a enviar los mensajes de forma oficial.
Según datos de la compañía, Netflix tiene 200 millones de suscriptores en el mundo y un 33% de ellos comparte su contraseña con al menos otra persona, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por la firma de investigación de mercado Magid.
Con esa consigna, varias estudiantes de la Universidad Rafael Landívar manifestaron este sábado, luego de que varias alumnas denunciaran acoso por parte de docentes.
Ahora frente a la entrada de la URL donde hay un grupo de jóvenes que denuncian el acoso en la universidad, se encuentra una patrulla vigilando. ?? pic.twitter.com/XdSpKg2Gf8
Las manifestantes exigieron que a los catedráticos señalados de acoso sean inmediatamente despedidos por parte de las autoridades de esa casa de estudios
Hace siete semanas los familiares de 16 guatemaltecos migrantes originarios de Comitancillo, municipio del oeste de Guatemala, recibieron llamadas y mensajes que les alertaban sobre un accidente de automóvil en la zona fronteriza de México con Estados Unidos.
El supuesto accidente del que les dieron cuenta entonces los coyotes era en realidad una masacre ocurrida en el poblado de Santa Anita, del municipio mexicano de Camargo, donde 19 personas fueron baleadas y calcinadas. Solo tres de los muertos no eran guatemaltecos.
Siete semanas después, las familias guatemaltecas rindieron este sábado homenajes y velaron a las víctimas de presuntos sicarios del Cartel del Noreste, los antiguos Zetas, que buscaban a un mando del Cartel del Golfo, la organización que controla la zona en Tamaulipas.
Los 16 cuerpos llegaron a Guatemala en un vuelo organizado por las autoridades migratorias mexicanas. En la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca los recibió un contingente de políticos y funcionarios, entre los que destacó la presencia del presidente del país, Alejandro Giammattei.
Los cuerpos fueron trasladados por cuenta de la Cancillería guatemalteca a sus poblados de origen. Primero arribaron a Comitancillo, en el departamento de San Marcos, y antes de la medianoche fueron enviados a la decena de aldeas de donde eran originarios.
Algunas familias vieron la recepción del Gobierno desde sus aldeas y al concluir se dirigieron con otros miles de personas al estadio Santa Cruz de Comitancillo, donde recibieron a 12 de los cuerpos.
La solemnidad de los eventos se cortaba con el llanto y lamentos de hombres y mujeres, como Zaidi Aguilón, quien abrazó el féretro en el que se encontraba su esposo, Iván Gudiel Pablo Tomás, y que, como el resto de ataúdes de las víctimas, estaba cubierto con una bandera de Guatemala.
RETORNAR AL CEMENTERIO
Elfego Roliberto Miranda Díaz inauguró este sábado el cementerio de la aldea de San Francisco, en una zona donde predominan las familias que reciben remesas de dinero de otros migrantes que se adelantaron.
A pesar de contar con un título de perito contador, Elfego pensó que en Estados Unidos podía mejorar las condiciones de vida de su familia, instalada en una tierra árida, colmada de casas de adobe y techo de paja, con suelo de tierra. Pero su sueño se truncó en territorio mexicano.
Su hermana Dalila, de 24 años, dijo que exige justicia y que necesita saber “por qué lo mataron”.
“Vamos a pedir que el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) se haga responsable de los niños que ya se quedaron huérfanos”, comentó respecto de sus tres sobrinos y del cuarto que aún está en el vientre de su cuñada.
En la casa de los Miranda un mariachi amenizaba la tarde mientras un canal evangélico de televisión del municipio transmitía en directo su velorio.
Así como los Miranda, el resto de ataúdes con los cuerpos de los migrantes fueron recogidos por las familias de cada uno para velarlos en sus casas antes de enterrarlos.
CON POCAS ESPERANZAS
Para reducir la migración, algunas personas propusieron al alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, la construcción de un instituto tecnológico, un bien inexistente en tierra de escasas oportunidades.
Otra de las asesinadas, Cristina García Pérez, de 20 años, decidió viajar para conseguir el dinero suficiente para pagar la operación de labio leporino de su hermana de un año.
María Isidro Díaz, madre de Rubesly Elías Tomás Isidro, dijo a medios guatemaltecos e internacionales que pagó 15 mil quetzales al coyote (traficante de personas) y que además a Rubesly le robaron otros 2 mil quetzales (260 dólares) antes de que el grupo del crimen organizado acabara con su vida.
Lo último que le dijo Rubesly, contó, fue: “Estamos aquí (en Camargo), mañana vamos a llegar a la frontera. Voy a apagar mi teléfono y la llamo estando allá”. Luego se enteró que les habían quitado el teléfono y robado el dinero que llevaba consigo.
Otra víctima de la masacre fue Edgar López y López, de 50 años y que había vivido los últimos 30 en Estados Unidos como indocumentado. Hace cinco meses había sido deportado tras el endurecimiento de medidas antimigratorias del entonces presidente Donald Trump y, al hallarse de vuelta en Comitancillo, prefirió volver a su otra vida, la que había amasado ya en el país norteamericano.
Cada año más de 200 mil guatemaltecos intentan emigrar ilegalmente a Estados Unidos, donde radican tres millones de sus compatriotas, en busca de mejores condiciones de vida y para huir de la violencia y la pobreza en su país.
